La opacidad es una constante aún en muchos de los procesos gubernamentales, el acceso a la información sigue sin ser universal en México cuando existen en nuestras leyes aún cláusulas que permiten a los gobernantes acogerse a cualquiera de los beneficios que la ley otorga para reservar información.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su gobierno sería transparente como una caja de cristal sin embargo ha decidido reservar información de sus proyectos clave y de acciones gubernamentales, que en teoría todo ciudadano debería de tener acceso a conocer.
Por ejemplo documentos sobre el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, contratos para la compra de vacunas, temas relacionados con el avión presidencial que sigue detenido en el hangar, datos sobre la refinería Dos Bocas entre otros están bajo la llave de las reservas promulgadas por la administración federal.
Documentos que deberían ser públicos, en una versión que no violente el derecho a la protección de datos personales por ejemplo son los resultados de los exámenes de control y de confianza de los encargados de seguridad, no es posible que esa información se reserve a sus superiores cuando los ciudadanos tenemos derecho a saber si o no quienes nos procuran seguridad son aptos para estar en el cargo. En 2015 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el 28 de septiembre como Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información para reconocer la importancia del acceso público a la información en la toma de decisiones y la rendición de cuentas del gobierno. El acceso a la información es un derecho humano reconocido en distintos instrumentos internacionales y nacionales que alude a la libertad de las personas para buscar, recibir y difundir información de diversa índole y por cualquier medio. Lo que es un hecho aún en el país es que ese acceso sigue siendo limitado y con candados puestos por quienes tienen la obligación de informar.
