Tal vez lo que aquí voy a decir incomodará a muchos, pero fui testigo de lo que era un trabajo coordinado entre autoridades que rendía frutos, y no ocurrió recientemente sino hace algunos años cuando el gobierno federal estaba en manos del PRI, sí del tricolor y el combate a la delincuencia sobre todo la organizada era en Guanajuato más efectiva que lo que hoy está ocurriendo.
Hace unos años en la administración de Miguel Márquez y de Enrique Peña no se sabía de confrontaciones respecto al combate a los delincuentes en las mesas de trabajo sobre seguridad los temas políticos solo eran parte de la grilla cotidiana y se comentaban en los corrillos pero no se hacían declaraciones públicas de confrontación. En ese entonces para ser exactos 2017, recuerdo el trabajo estrecho que había entre la entonces Procuraduría General de la República, la Comisaría de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional con la Procuraduría General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato.
¿En qué baso mi apreciación? En casos prácticos, en ese entonces las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos o la extracción de hidrocarburos no eran delitos graves, entonces la mayoría de los casos que llegaban a la jurisdicción federal se liberaban al llegar a los juzgados pues los detenidos podían seguir sus procesos en libertad.
La mayoría de estos casos eran correspondientes a integrantes de la delincuencia organizada, que en el peor de los casos lo único que sucedía es que no se volvían a presentar, obviamente, ante los juzgados pues egresaban a delinquir. De pronto las cosas cambiaron pues muchos de ellos terminaron tras las rejas por una sencilla acción.
Tras su detención en esa coordinación se daba reporte a las autoridades locales, en ese entonces la Procuraduría de Justicia para verificar si él o los detenidos tenían antecedentes de delitos del fuero común como homicidios, o en el procesamiento de las armas incautadas se pasaban información para ver si había relación con los detenidos y algún hecho delictivo.
Así cuando alegremente el detenido estaba a punto de salir en libertad, se le ejecutaba una orden de aprehensión por delitos del fuero común y terminaba procesado por homicidio u otro delito que se le hubiera probado. Pocos salieron en libertad después de esto.
Me pregunto si en lo sucedido en Celaya se intentó algo similar, parece que la comunicación está rota y en eso el único ganador es el criminal, no los ciudadanos.
