Cuando hablamos de bienes o servicios adquiridos por el gobierno estamos hablando del ejercicio de recursos provenientes del dinero de los mexicanos por lo que todo ciudadano tiene derecho número uno a exigir cuentas y número dos a que se invierta de la mejor manera garantizando que éstos sean de la máxima calidad al menor precio posible.
Para ello se requiere que las compras sean parte de una planeación salvo casos extremos de urgencia donde se requiera un proceso ágil para la ministración de estos bienes o servicios y dentro de esta planeación se debe priorizar el bien común y no beneficios para un grupo de privilegiados.
Ya le comentaba ayer en este mismo espacio que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya ha señalado con anterioridad los riesgos de corrupción que tienen los gobiernos en las compras públicas especialmente en cuanto a obra.
En Guanajuato, se busca ser punta de lanza en este tema abriendo mecanismos que permitan la prevención de actos de corrupción, por lo que se detectaron prácticas que obstaculizan la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. que son elementos que aseguran el uso eficiente de los recursos.
Las adjudicaciones directas, por ejemplo, deberían ser el último recurso que use un gobierno para ejercer el dinero público en la adquisición de bienes y servicios, pues inhibe la competencia y la transparencia.
Las invitaciones restringidas son otra figura mal utilizada especialmente para favorecer empresas fantasma o creadas ex profeso para beneficiar especialmente a amigos socios o prestanombres de los gobernantes en turno.
Si bien es cierto son figuras necesarias para emergencias, no debieran ser de práctica ordinaria pues son las que más altos índices de corrupción presentan y una alerta se da en el gobierno federal pues de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad por ejemplo en el primer año del Presidente Andrés Manuel López obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 80%.
Aquí la pregunta es: luego de la propuesta sin tintes partidistas elaborada y dada a conocer por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ¿habrá compromiso por esta demanda añeja de abatir la corrupción en las compras de gobierno?
Ya veremos.
Miguel Ángel Puértolas