El Presidente López Obrador al conocer la tragedia de los mineros en la mina de carbón de “Agujitas”, ubicada en la región carbonífera de Sabinas, Coahuila, instruyó de inmediato el Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa Nacional y la intervención del área de Protección Civil del Gobierno Federal. En su visita reiteró a los familiares de los diez mineros aún atrapados que la prioridad es encontrarlos con vida. Ha sido cuidadoso en las respuestas respecto al propietario o propietarios de la mina, y más discreto respecto a la responsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales involucradas.
La prolija información al respecto, como es de esperarse, se ha centrado en las labores de rescate, maquinaria, equipo de bombeo, personal especializado y más. Poco se ha dicho de la responsabilidad, y en su caso, de la culpabilidad respecto a la tragedia. Principalmente en las tareas de exigencia de normas seguridad industrial elementales que ese tipo de pozos requieren. Entre las quejas de familiares de los mineros han resaltado la ausencia de las autoridades para cumplir con sus atribuciones. Todo esto recuerda, entre otras, la tragedia en Pasta de Conchos allá por 2006, donde perdieron la vida, desaparecidos 65 mineros.
Mucha prosa periodística, pero casi nada de la aplicación oportuna de la norma previsora. Nuevamente aflora que el mayor de nuestros problemas gubernamentales: la falta de cimientos éticos en los que se deben sustentar los poderes del Estado, lo que es más notorio cuando algo de interés noticioso sucede a mayor distancia de las oficinas gubernamentales y muchas veces en el silencio de la corrupción.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la apertura de una investigación sobre posibles delitos federales, para lo cual solicitó al IMSS informe de los trabajadores registrados, a la Secretaría de Economía sobre titular de la concesión para la explotación de la mina de carbón, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre inspecciones en materia de seguridad laboral, al Servicio de Administración Tributaria sobre el contribuyente titular del negocio, y a las autoridades locales de información respecto a las atribuciones de las oficinas de Protección Civil Estatal y Municipal.
La minería es una actividad histórica en nuestro país, como también histórico ha sido el descuido de las autoridades para cumplir con sus atribuciones en la prevención de accidentes en esta riesgosa ocupación. Lo que requeriría un esquema detallado de protocolos de explotación para salvaguardar la vida de los mineros, hasta donde es humanamente previsible.
Esperemos que los 10 mineros puedan ser rescatados con vida y se recuperen. Y que haya Justicia. Deslindar e informar a la opinión pública acerca de la “culpabilidad y la responsabilidad” así como las sanciones correspondientes, es indispensable, para evitar el tradicional: Aquí no pasa nada, porque nuevamente ya pasó.
Mauricio Valdés
