Después de diversas intervenciones ante el Congreso del Estado de México, el titular del Órgano Superior de Fiscalización presentó su renuncia. En lo que pude conocer, su actuación y de sus colaboradores mejoró en el cumplimiento de sus funciones, dentro del reducido marco legal de acción. Ahora se debe nombrar un nuevo Auditor, que tiene que ver con la legítima aspiración de un mejor ejercicio del control legislativo y de la fiscalización de las cuentas de los poderes del Estado y de los Ayuntamientos. Se trata de una de las más delicadas y trascendentes funciones de control de la recaudación de recursos de los ciudadanos y su ejercicio presupuestal, dentro del marco de la evaluación de los resultados de la gestión pública.
Nuestros legisladores están ante una de las oportunidades históricas de mayor relevancia. Se trata de un momento fundamental, en medio de la serie de escándalos nacionales de corrupción, abusos, ineficiencias y más. Buenas decisiones pueden evidenciar que sí hay “cambio de régimen”. Conozco a varios de los legisladores locales y tengo confianza que acreditarán su responsabilidad.
Surgen preguntas de inmediato: ¿es el cambio de titular suficiente para mejorar el cumplimiento de esta función de control legislativo? En su caso, ¿qué reformas legales se requieren para que nuestro congreso pueda ejercer esta función democrática por excelencia de transparencia y rendición de cuentas para que se cumpla el reclamo social contra la corrupción y le ineficiencia?
En la brevedad de esta columna, puedo sugerir algunos de los temas que los expertos han sugerido revisar: 1) un organismo constitucional con autonomía orgánica y sujeto a un consejo de expertos honorarios; 2) autonomía presupuestal y patrimonial sujeta a revisión legislativa; 3) transparencia en la evaluación de prospectos al de auditor y funcionarios del primer nivel, para lograr se designe a los mejores profesionales; 4) que el OSFEM tenga capacidad para intervenir preventivamente, iniciar y ejecutar procedimientos de restitución ágil del patrimonio estatal y municipal, así como para consignar penalmente a responsables de desvíos de recursos de los contribuyentes, de ocultamiento en la recaudación y de ineficiencias; 5) que adopte la rendición de cuentas y transparencia con medios digitales que aseguren al máximo la certeza de su información; 6) que se coordine con la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus atribuciones; 7) que pueda intervenir en las actividades gubernamentales, licitaciones, permisos, concesiones y adjudicaciones de los poderes del Estado y los Ayuntamientos en cualquier momento y no sólo hasta la revisión de las cuentas públicas; 8) que pueda revisar el destino de los bienes decomisados por los poderes del Estado y los Ayuntamientos; 9) que se actualicen los principios de fiscalización para maximizar el ejercicio de la fiscalización como parte fundamental del control legislativo; entre otras.Eso permitiría aspirar a que triunfe la esperanza sobre la experiencia.
