El devenir histórico de la humanidad está plagado de movidas políticas que inician por el ego de líderes que están sumamente ensimismados con su propia ambición y creen estar anticipando el pensamiento de los adversarios. Esto ha provocado las guerras más sangrientas de la historia, y como caso emblemático está la Primera Guerra Mundial (recomiendo mucho leer Los cañones de agosto).
Aunque en dimensiones diferentes, lo mismo está sucediendo en nuestro estado de Nuevo León. Tenemos un gobernador (hasta el último minuto de mañana viernes) que está nublado por su ambición de llegar a la Presidencia y no dimensiona la realidad de lo que está provocando.
Numerosos puntos ciegos le inhiben ver que las acciones que emprende podrían desembocar no solamente en una ingobernabilidad (ya estamos en este estatus desde hace tiempo), sino que tienen la posibilidad de resultar en pérdidas humanas.
El Artículo 122 de la Constitución de Nuevo León (la misma que presumió el gobernador y se la aprobaron en el Congreso local) es muy clara, la designación del gobernador interino le compete única y exclusivamente al Congreso del Estado. Inclusive ya se pronunció la Suprema Corte y el Tribunal Electoral en este mismo sentido. El querer darle la vuelta a esto con argucias legales, como solicitar amparos y suspensiones con un juez de Distrito de Reynosa, son actos donde se muestra claramente la intención del gobernador de romper con lo que mandata la ley.
Es muy evidente que los diputados locales del PRI y del PAN no son inocentes palomitas. Ellos, así como los líderes que los mangonean, guardan una larga lista de sinvergüenzadas que no les dan en lo absoluto la calidad moral de alegar estatus de víctimas. Pero esto no da razón al gobernador para quebrar la ley de manera vil y perversa, poniendo en riesgo las vidas de elementos de Fuerza Civil que ha declarado, por medio de su secretario de Seguridad Pública, usará para mantener en la gubernatura su imposición, a su secretario General de Gobierno, sobre el gobernador designado por el Congreso local.
No son peones de ajedrez con lo que están jugando, son vidas y familias humanas que está poniendo en riesgo el gobernador por su afán de no cumplir con la Constitución que él presumió hace más de un año, así como lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esperemos que a diferencia de la Primera Guerra Mundial, en esta ocasión impere la cordura.
