El artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves por lo que lo primero que llama la atención en la separación voluntaria de su encargo anunciada por Arturo Zaldívar es precisamente eso, la causa.
Para alguien que hasta hace un año fuera presidente de la SCJN y de uno de los tres poderes de la Unión, lo menos que se esperaría es que además de cuidar el fondo, también sea delicado en las formas.
Por ello, el que a tan solo unas horas de hacer pública su carta de renuncia a través de redes sociales -se adelantó a la propia Coordinación de Comunicación Social de la Suprema Corte- en ese mismo ciberespacio apareciera junto a la que será la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional en pos de la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, representa un completo desatino.
Sin embargo, no sorprende. Desde el inicio del régimen de Andrés Manuel López Obrador, Zaldívar siempre se mostró proclive a complacer las posturas del jefe del Poder Ejecutivo, desde su presidencia del Judicial: los fallos en temas sensibles como la militarización, o el Plan B contra el INE son solo una rápida referencia de ello.
A casi un año de concluir su ciclo en el máximo tribunal del país, y en vísperas de la carrera electoral, el jurista bota el encargo bajo el argumento de que su papel ahí es marginal y prefiere arrojarse a los brazos de la 4T admitiendo sin tapujos que buscará la “consolidación de la transformación de México”, lo que sea que ello signifique.
Queda claro que lo que mueve a Zaldívar no es una causa grave, sino por el contrario, una causa meramente política. Para un jurista de quien es de esperarse un alto nivel de independencia, dada las posiciones que ha ostentado, ese proceder es, a todas luces, grave. Muy grave.