Cuando el expresidente Ernesto Zedillo nombró a Fausto Alzati como secretario de educación, resultó que este se hacía llamar doctor sin haber obtenido ese grado académico, lo cual puso en mal al Infractor y deshonesto funcionario público, más que a quien, de buena fe, lo había nombrado.
Y es que no hay nada peor que la deshonestidad intelectual, asumirse como parte de una élite pensante, instruida y educada, sin esforzarse lo suficiente para acceder a ese nivel de la escala social.
Por otra parte, más allá del glamour que la pose de cerebrito conlleva, la propia ley condiciona a los súbditos del Estado a superar ciertas pruebas para obtener los títulos, cédulas y certificaciones que les permitan asumir los cargos públicos reservados para profesionales en las distintas materias, de lo contrario, como en El Periquillo Sarniento, de Manuel Payno, habría bribones, sin ningún conocimiento ni ciencia, realizando operaciones quirúrgicas o haciendo las veces de abogados, arquitectos, contadores y demás actividades de suma importancia para la sociedad y enorme responsabilidad para quienes las ejercen.
Ser ministro de la corte sería la punta de esa pirámide de conocimiento y erudición al que ni siquiera un presidente del país está obligado, porque tienen la atribución de nombrar entre sus secretarios de despacho a las mentes más destacadas y reconocidas en cada materia, sea económica, jurídica, médica...
En cambio, un ministro de la Corte debe ser el más docto de las y los jurisconsultos, porque es el garante de la Constitución Política de la Nación, cosa no menor y nada sencilla. Por eso para ser ese tipo de juez se requiere no solo un título y una cédula, como cualquier abogado postulante, sino 10 años de ejercicio profesional. Si de origen no se cumple con los requisitos para ser licenciado en derecho, que, entre otros, consiste en realizar una investigación académica o tesis “original” en cualquier materia de interés público, relacionado con la profesión, en este caso, de abogado.
Obviamente, ante una omisión de origen que deriva en la revocación del título expedido por parte de la casa de estudios a la que se defraudó al plagiar dicha tesis, todos los actos posteriores quedan sin efecto.
Pero eso no es lo importante para esta columna, pues al fin y al cabo, se ha publicado lo suficiente en ese sentido, y tampoco pretendo ser acusado por falta de ideas propias y originales, sino caer en la cuenta de que en cualquier otro régimen, el plagiario correría su propia suerte y cargaría con la vergüenza y las consecuencias de sus actos, ahora sí que, a “título” personal, sin arrastrar a los otros poderes, al partido que le impulsa o al grupo que profesa su ideología. En pocas palabras, hasta en las mejores, y peores, familias, “el que la caga, la paga”, pero en solitario. Y no involucra a nadie más. En cambio ahora acudimos a un espectáculo del cinismo y la desfachatez que nos escupe a todas y a todos en la cara: “Así soy y qué, si les gusta o no, háganle como quieran, que al cabo tenemos mayoría para hacer lo que se nos pegue la gana y, a fin de cuentas, con título y sin título, aquí seguiremos, para juzgarlos a ustedes, moral, política y legalmente. ¿Cómo la ven?”
De tarea
Felices fiestas, les desea esta columna nacida el mismísimo día de Navidad, al calor de la chimenea.
Marco Sifuentes
