La octava sección del primer artículo de la Constitución de Estados Unidos de América establece que es facultad del Congreso la emisión de una declaración de guerra. Sin embargo, diversas interpretaciones han considerado que el jefe de las fuerzas armadas, el presidente, puede ordenar “operaciones en defensa de los intereses estadunidenses”, o inclusive “el uso de la fuerza” o la puesta en marcha de “acciones militares” sin que medie intervención del Legislativo. Así, la facultad de declaración de guerra por parte del Congreso se vuelve simbólica en la medida en la que el Ejecutivo pueda iniciar hostilidades por su cuenta.
Algo así ha venido haciendo el Sr. Trump en este par de semanas de ráfaga y desconcierto. La apertura de hostilidades contra países aliados, o con quienes Estados Unidos tendría interés en sostener una relación cuando menos respetuosa, ha sido abrumadora. Ello le ha llevado en unos días a perder más aliados y simpatías en el mundo que los que perdió en décadas de intervenir en los sistemas políticos de innumerables países. Lo mismo en el plano político que en los económico y social, el primitivismo de la Casa (de la “supremacía”) Blanca considera que la otrora responsabilidad y liderazgo de Estados Unidos les viene sobrando. O será que, al ya no tenerlo, la reacción natural es enconcharse y decir que “al cabo ni quería”.
Para México, la apertura de hostilidades ha sido de una ferocidad inusitada. En la práctica, hay una guerra social (muro y deportaciones), económica (TLC y organismos multilaterales) y política (propaganda para debilitar al Presidente mediante filtraciones fácilmente vendidas a quien al parecer le interesó más el escándalo que cerciorarse de la verdad). En el corto plazo, el principal frente de batalla será el económico, mediante la amenaza un día sí y otro también de denunciar el TLC e imponer cualquier barbaridad de trabas al comercio. Como si no hubiera ley ni acuerdos multilaterales, sino solo una reorganización económica a base de presiones y chantajes (y concesiones a los cuates).
Para el gran negociador del TLC, Jaime Serra, el peor escenario sería ceder a un “comercio administrado”. En otras palabras, sería preferible que Estados Unidos abandone el tratado a tener una relación comercial que genere “incertidumbre… corrupción… y distorsione los precios relativos” entre las economías de Norteamérica. Por ello, abogar por evitar prácticamente a toda costa “la muerte del TLC” es debilitar enormemente la posición negociadora de México. Ésta requiere la madurez para admitir, Zedillo dixit, que todo indica que no hay mucho que hacer ante la actitud del gobierno estadunidense, por lo que es preferible ir trabajando en otra dirección. El TLC vivirá solo en la medida en que estemos dispuestos a dejarlo morir.
