El propio esquema de desarrollo del país ha generado lo que hoy se percibe como el mayor nivel de corrupción del que se tenga memoria (y ha de haber bastante de ella).
Al término de la administración de Miguel de la Madrid, estados y municipios ejercían 5 por ciento del total de gasto federalizado en el país. Al término de 2014, esa participación es de 34%. En estos mismos años, el crecimiento anual de dicho gasto en términos reales ha sido de 7%. Doble efecto: más participación de mayores recursos. Como diputado federal, Felipe Calderón fue pieza clave al condicionar la aprobación del presupuesto para 1998 a la transferencia de mayores recursos a los municipios. “Hay que promover el federalismo” era la consigna, y a partir de ahí la bonanza para estados y municipios comenzó a tomar forma.
Luego vino el primer presidente en más de 30 años que había sido gobernador. Y la fiesta continuó, pues además los gobernadores del PRI se liberaban del control previo de la casa presidencial. Luego vinieron los mayores precios del petróleo en la historia. Y en ausencia de auditoría, de supervisión, de mecanismos efectivos de control a escala subfederal, aquello ha devenido en pachanga.
Entre varios otros factores, la susceptibilidad hacia actos de corrupción crece donde hay mayor disponibilidad y acceso a recursos públicos. O donde las reglas se han escrito de manera tal que no hay manera de hacer nada salvo que se esté dispuesto a sumarse a la tragedia. Desde 2011, por ejemplo, el Congreso aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que se traduce en la armonización contable entre los tres órdenes de gobierno para incrementar la transparencia y rendición de cuentas. Pero ¡ah!, cómo se han encontrado resistencias para su aplicación en algunas regiones del país. Y no es porque los gobiernos locales no sepan de contabilidad...
Ahora, la promulgación del llamado Sistema Nacional Anticorrupción es la culminación de esfuerzos para una política sancionadora: castigar tanto a servidores públicos como a particulares hasta con la disolución de empresas, fortalecer y ampliar las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, crear un Tribunal de Justicia Administrativa, ampliar de tres a siete años la prescripción de faltas administrativas... Si bien no hay reformas “definitivas” en esta materia, es claro que cuando menos se ha escuchado el mensaje: el país no aguanta más la corrupción.
¿Qué nos falta? Retomar la educación de valores. Retomar un sentido de moralidad que se extravió en el camino pero que con un poco de esfuerzo se puede reencontrar. Una política únicamente sancionadora no se va a dar abasto...
