Al anunciar la compra de 80 por ciento de los activos de la española Iberdrola, el presidente López Obrador se remontó 63 años atrás, cuando su homólogo Adolfo López Mateos decretó la nacionalización de la industria eléctrica.
Fiel a su identidad demagógica, el Jefe del Ejecutivo federal se lanzó la puntada de “la nueva nacionalización” de la electricidad mexicana, para que nuestro país persista en depender del fluido que genera el monopolio de la CFE.
Luego de la serie de constantes descalificaciones que vertió en contra de los inversionistas hispanos, el tabasqueño logró su objetivo para que sucumbieran a sus “encantos” y decidieron vender antes que ser expropiados.
Empero, será trascendente que la ciudadanía no se vaya con falsas que visiones de que la adquisición de las plantas generadoras beneficiará hoy a todos por igual, con electricidad más barata.
El verdadero conflicto para los mexicanos vendrá a partir de que empiecen a liquidarse las deudas de los grandes pasivos que dejará la administración lopezobradorista como la propia Iberdrola.
La refinería Dos Bocas, el aeropuerto AIFA, el Tren Maya, el aeropuerto de Tulúm, más lo que se acumule, lo que sin duda rebasará el millón de millones de pesos que será un pasivo impagable.
Y cuando empiece a descubrirse que los intereses más la suerte principal de las edificaciones y compras alcanzarán cuantiosos pasivos, será ahí donde comenzarán los verdaderos conflictos de nuestra economía, porque irán en contra del desarrollo nacional.
En la negociación oficial de la venta de Iberdrola, el empresario español Ignacio Sánchez Galán mostró docilidad ante López Obrador con tal de cerrar el trato de los casi 6 mil millones de dólares.
Con esa transacción, el inversionista español ni se acordó de los insultos, epítetos y descalificaciones que le endilgó el propio López Obrador desde el año pasado en su púlpito mañanero, cuando lo acusó de ser abusivo y venderle cara la generación de energía a los connacionales.
Hoy el mandatario salta eufórico por “su nacionalización”; sin embargo, tendrá que ser obligatorio hacer un recuento y una auditoría de lo que se adquirió porque las plantas de energía eléctrica ya son vetustas.
Notas de Trascendencia
A pesar de haberse descubierto el megafraude en Segalmex -antes Conasupo- por más de 16 mil millones de pesos, el presidente López Obrador protege a Ignacio Ovalle Fernández y a quien nombró director general de la paraestatal desde el inicio de su administración.
Aunque lo niega todos los días, el tabasqueño ha solapado más abusos y fraudes en su ejercicio que los que tanto critica de panistas y priistas del pasado que lo antecedieron, y de los que vocifera, son los enemigos de México.
Cuando termine su régimen, podrán observarse los daños cometidos a las finanzas públicas de su gente más cercana, y ahí no habrán de ocultarse los rastros de quienes de una forma u otra se enriquecieron con fondos del erario.
Solo faltan 18 meses para empezar a observar el recuento de los daños, de los que sumó a su gabinete y resultaron una gavilla de bandidos. Al tiempo.
