A propósito de mi columna de la semana pasada, en la que afirmaba que la concesión del Alumbrado Público era el gran ejemplo de la manera en que gobierna Miguel Ángel Riquelme Solís, por lo lenta, de pobre calidad y costosa que ha resultado la obra, Julio Villalobos, accionista de la empresa concesionaria escribió muy amablemente en mi muro del Facebook que “había caído en el juego de politiqueros que solo critican sin fundamentos con el propósito de confundir y desacreditar” y esgrimió una serie de argumentos en contra del proyecto de Alumbrado que se ejecuta en Saltillo.
Con el debido respeto para Julio Villalobos, quien al parecer no aceptó mi invitación para que debatiéramos de cara a la ciudadanía en torno a las bondades y deficiencias del proyecto de reconversión del Alumbrado en Torreón, me gustaría aclarar algunas cuestiones, precisamente para evitar caer en las confusiones y las desacreditaciones sin fundamento.
1. La concesión del Alumbrado, es un asunto público. No hay ni debe haber cuestiones personales o partidistas detrás de un servicio que será pagado íntegramente por los ciudadanos, y no por sus autoridades.
2. Como custodio de un bien público, el concesionario está obligado a rendir cuentas a aquellos que sí sacan dinero de sus bolsillos para pagar el servicio en cuestión.
3. En ese sentido, las comparaciones, dudas, inquietudes y quejas de los ciudadanos, no deben ser interpretadas como una molestia o un intento por desacreditar, sino como el ejercicio natural del derecho a permanecer informado sobre los asuntos públicos.
4. Una total transparencia, así como una comunicación efectiva por parte de las autoridades municipales y de la empresa concesionaria, hubieran dejado sistemáticamente fuera de lugar cualquier duda o cuestionamiento. Si existen inquietudes es por el gran vacío de información que ha caracterizado el proceso desde un principio.
5. Por sentido común, una operación de la magnitud que tiene el contrato de concesión del Alumbrado Público, ameritaba que la autoridad municipal hubiera realizado toda clase de esfuerzos para tener más de una propuesta. No obstante, todo apunta a que el Ayuntamiento en verdad no quería conocer más posturas que la de la ahora empresa concesionaria.
6. La empresa concesionaria debe aceptar que las condiciones en las que ha realizado la enorme inversión que ha supuesto la sustitución del alumbrado son, por lo menos, dignas de suspicacias. ¿Por qué invertir sin la certeza jurídica y económica de un contrato y de un fideicomiso? ¿De qué tamaño es el negocio que se acepta asumir esos importantes riesgos?
7. ¿Por qué razón el comparativo que hace la empresa – de letra de Julio Villalobos – es únicamente con los proyectos de Saltillo y no de la Ciudad de México o Guadalajara, en donde, pese a que la tecnología es la misma, el costo fue de la mitad?
Coincido con Julio Villalobos en que no hay que causar confusiones.
Por eso, lo primero que debe quedar claro es que este no es un asunto entre dos particulares. No es Marcelo Torres Cofiño preguntando a un empresario, sino una ciudadanía que quiere que la concesión del Alumbrado Público deje de tener su lado oscuro.
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