En un movimiento que ha despertado más sospechas que aplausos, el Senado de la República aprobó la reforma al Infonavit propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta reforma, lejos de ser el faro de esperanza que promete para los trabajadores en busca de vivienda asequible, podría convertirse en el ocaso de sus derechos, abriendo un abismo entre la promesa y la realidad.
Primero, la creación de una empresa filial para la construcción de viviendas es, a todas luces, un riesgo palpable. La reforma permite al Infonavit desviar los recursos destinados a créditos hacia la construcción, un giro que huele a la potencial desviación de fondos.
Con más de 2.4 billones de pesos en juego, la tentación de malversación o manejo ineficiente es demasiado grande como para ignorarla.
La pregunta que resuena es: ¿quién garantiza que estos recursos se usarán exclusivamente para beneficio de los trabajadores y no para llenar los bolsillos de unos pocos o para proyectos de interés político?
Además, el tripartismo, una estructura que ha sido la columna vertebral de la transparencia y el equilibrio en el Infonavit, está siendo amputado.
La reforma entrega un mayor control al gobierno, desde la designación del director general hasta la composición de los órganos de gobierno, donde el voto del gobierno podría prevalecer sobre los intereses de los trabajadores y empleadores.
Este cambio no solo mina la confianza en el sistema, sino que también podría resultar en decisiones que favorezcan agendas políticas en lugar de las necesidades habitacionales de los mexicanos.
Desde el punto de vista del derecho a la vivienda, la reforma parece ser un retroceso.
Prometiendo créditos más accesibles y esquemas de arrendamiento social, se ignora la realidad de cómo la concentración de poder y recursos en manos del gobierno podría llevar a la construcción de viviendas de baja calidad o a precios inflados, lo cual implicaría un grave peligro -que se ha vivido anteriormente, así que es algo que puede volver a ocurrir bajo esta nueva figura donde el poder se concentra en las autoridades-.
La ausencia de competencia en este nuevo esquema es alarmante; sin ella, el costo de la vivienda podría dispararse, mientras que la calidad podría caer en picado, negando a muchos el derecho a una vivienda digna.
Por otro lado, la eliminación de la supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es otro golpe bajo a la transparencia y la rendición de cuentas.
Aunque se establecen nuevas reglas prudenciales por parte de la Secretaría de Hacienda, la pregunta es si esto será suficiente para evitar el uso discrecional de los recursos.
La historia nos ha enseñado que la vigilancia externa es crucial para mantener a raya la corrupción y la ineficiencia, y sin ella, el Infonavit podría convertirse en un elefante blanco, lleno de promesas y vacío de resultados tangibles para los trabajadores.
Ante esta situación, los sindicatos y organizaciones de trabajadores han alzado la voz, advirtiendo que esta reforma no solo reduce el tripartismo a una mera formalidad, sino que también pone en riesgo la vigilancia y el control de las inversiones.
La preocupación es legítima: sin una participación equitativa y efectiva de todos los sectores en la toma de decisiones, el Infonavit podría desviarse hacia un camino donde los programas de vivienda se conviertan más en herramientas de política que en soluciones habitacionales.
En resumen, la reforma al Infonavit, tal como ha sido aprobada, no es un paso hacia adelante en el derecho a la vivienda; es un salto hacia atrás, hacia una era donde la transparencia y la equidad pueden ser sacrificadas en el altar de los intereses políticos.
Para los trabajadores, lo que debería ser una luz al final del túnel, se perfila más como un tren a toda velocidad, amenazando con arrollar sus derechos y esperanzas de una vivienda digna y accesible.
