Menuda tarea la que tiene la Comisión Estatal Electoral. A ver cómo le hacen. Por una parte, la jurisprudencia número 7/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en las candidaturas municipales, tanto vertical como horizontalmente.
Según esta jurisprudencia (que debe cumplirse), para asegurar la paridad vertical cada planilla municipal debe postular el mismo número de mujeres que de hombres. Y para garantizar la paridad horizontal los partidos tienen que registrar, en los diferentes municipios de un estado, el mismo número de listas encabezadas por mujeres que por hombres.
Pero, por otra parte, en Nuevo León la Ley Electoral recién reformada pide algo muy distinto. El artículo 10 (adicionado en julio pasado) dice:
“Cada municipio ejerce de forma libre su gobierno a través de ayuntamientos que son autónomos entre sí, por lo que las elecciones de cada ayuntamiento están desvinculadas entre sí y las candidaturas registradas en uno no pueden afectar a las candidaturas registradas en otro”.
En otras palabras, aquí los diputados y sus partidos no quieren la paridad horizontal: su Ley se halla claramente en oposición a aquella jurisprudencia del Tribunal.
Y es cierto que la Suprema Corte finalmente avaló como no anticonstitucional la Ley Electoral nuevoleonesa, salvo algunos señalamientos que no tienen que ver con esto. Pero el hecho de que no sea contraria a la Constitución, no libera a la CEE de cumplir, al lanzar sus lineamientos, con su obligación hacia la jurisprudencia 7/2015 que a fin de cuentas busca garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Veremos cómo le hacen. Muchos estados ya han logrado exigir la paridad horizontal en sus propios lineamientos, garantizando además que las candidatas a una alcaldía no queden en los municipios más pequeños o en donde su partido siempre pierde. En orden alfabético: Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Yucatán... ¿Nosotros?
