Desde el punto de vista jurídico, la reforma a la Ley Electoral está atorada por la discusión sobre la fecha de su entrada en vigor. ¿Se aplicará en las elecciones de 2018?
Unos dicen que sí, otros que no. La respuesta está en el calendario y la tendrá que dar la Suprema Corte, porque cada cual ha encontrado su apoyo en las leyes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 105) manda esto: Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Por su parte, la Constitución del estado de Nuevo León (Artículo 78) ordena: Toda ley obliga desde el día de su publicación, si no es que la misma ley disponga otra cosa (y es el caso: lo enviado por el Congreso dice textualmente que entra en vigor el día de su aprobación).
El Código Civil del estado de Nuevo León (Artículos 3 y 4) dice: Las leyes (...) obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el Periódico Oficial (y un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia del lugar de publicación).
Si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal que su publicación haya sido anterior.
Desde el ángulo político la pregunta es otra: ¿a quién de los actores políticos le conviene que no se aplique en 2018 la Ley Electoral reformada? A todos...
1. A los alcaldes que se quieren reelegir (y a sus partidos, pues tendrían posibilidades de no separarse del cargo para hacer campaña. 2. A los independientes, pues el nuevo ordenamiento les cerraría caminos por eso de los pluris, que acaban fortaleciendo a los partidos. 3. A la clase política entera, ese club de Tobi que todavía sigue sin aceptar la admisión de mujeres.
Conclusión:¿Alguien va a pelear por la Ley Electoral reformada? Me temo que no.
