¿Por qué no existe a nivel federal una política pública que refrende la higiene menstrual como un tema de derechos humanos, relacionado con “la igualdad de género, derecho al agua y saneamiento, a la salud, a la educación y a la participación en actividades ordinarias”?
La realidad golpea esas preguntas sin misericordia, como lo ilustran los hallazgos de la Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual elaborada por Menstruación Digna México, Essity y UNICEF México: 15% de mujeres y adolescentes encuestadas “no cuentan con infraestructura necesaria para la gestión menstrual, en su trabajo o escuela.
Más del 50% de las mujeres desistieron de comprar alimentos, servicios o medicamentos para comprar toallas sanitarias.
“8 de cada 10 mujeres no sabían nada sobre este proceso cuando tuvieron su primera menstruación.
La escuela no es un espacio que eduque ya que solo 4 por ciento de las mujeres encuestadas hablaron sobre menstruación con una profesora o profesor. 7 de cada 10 señalaron que su mamá fue la primera persona con quien hablaron sobre el tema.
“88 por ciento de las personas encuestadas están de acuerdo con que se otorguen permisos menstruales en escuelas y trabajos, porque una de cada tres mujeres experimenta dolores muy fuertes o incapacitantes.
“Por temor y desinformación sobre dichos dolores, sólo 4 de 10 mujeres buscan atención médica.
“Más del 85 por ciento afirmó desconocer cualquier tipo de ley local sobre gestión menstrual en su estado.
“6 de cada 10 mujeres y personas menstruantes desearían no tener el período debido a los problemas económicos, físicos y de infraestructura que este proceso biológico ocasiona”.
El reto es uno: Estado y Sociedad están obligados a afirmar y proteger la higiene sexual de las mujeres mexicanas como un derecho humano sustancial en una sociedad tan desigual como la nuestra.
El resto son palabras.
Nota: El autor es Director General del ICAI. Sus puntos de vista no representan los de la institución.
