Versa el dicho popular que tras la tormenta viene la calma, pero tras las inundaciones que han convertido en zona de desastre nueve municipios del estado, dicha calma está lejos de llegar.
Tan sólo en Tula se hizo un conteo de 2 mil 30 familias afectadas por el desborde del río, 773 en Tlahuelilpan y 598 en Ixmiquilpan según reportes oficiales de esos tres municipios; aunado a ello, se cuentan también las zonas de cultivo. Los niveles y tipos de contaminación incluso impiden el rescate de muchos de los objetos que quedaron cubiertos de ella y hay que considerar el tema de los residuos industriales que hayan sido arrastrados y representan riesgo de toxicidad.
Las atenciones que se requieren para superar las afectaciones son varias y deberán administrarse en diferentes fases. Seguramente las instancias de gobierno en sus niveles correspondientes brindarán lo propio. Es clara la urgencia de realizar medidas de limpieza y sanidad, y no debe dejarse de lado otras intervenciones para atender, por ejemplo, la salud mental.
La población afectada se está enfrentando, además de la crisis material, a sus propias crisis personales. Las pérdidas impulsan procesos de duelo que requieren acompañamientos para su mejor asimilación.
La atención social de la salud mental es un tema que denota abandono, no es clara de manera pública la cantidad de especialistas en psicoterapia y psiquiatría que forman parte del sistema de salud pública; ni tampoco hay estrategias de atención comunitaria a la misma.
Los mismos vacíos se han señalado antes en el estado por parte de las ONG durante la pandemia y no parecen haber sido resueltos durante estos meses. Siguen contando como una debilidad que hoy urge ante la necesidad de resiliencia en la tragedia.
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