Durante los primeros meses de la pandemia que aún atravesamos, Hidalgo fue un estado señalado insistentemente por el incumplimiento de las medidas de cuarentena recomendadas por la Secretaría de Salud federal.
Pero las explicaciones simplistas no permiten entender que una epidemia se comporta de maneras diferentes y que, además, existen factores económicos, sociales, culturales y políticos que intervienen en ello (como en todo).
En junio del año pasado, Hidalgo reportaba una taza de informalidad laboral del 69.2 por ciento según Inegi; el mismo organismo recientemente dio a conocer que el mismo indicador durante lo que vamos del 2021 ha alcanzado el 73.4%, es decir, aumentó. Estos porcentajes colocan a Hidalgo en cuarto lugar a nivel nacional detrás de Oaxaca, Guerrero y Chiapas con el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. No sería de extrañar que la población que no cuenta con la seguridad económica tuviera que salir a trabajar y que de manera preocupante represente a la gran mayoría en el estado en el que, además, el salario promedio se registra en apenas un salario mínimo.
Las condiciones de vida de las y los hidalguenses se deben proyectar en este panorama, la salud, la vivienda y la alimentación de las familias deben cubrirse con los bajos salarios y la informalidad.
Luego se señala un aumento de delitos en la entidad respecto al año pasado, en secuestro, violación simple y violación equiparada. Además se registra la aparición de carpetas por tráfico de menores de las que en 2020 no había ninguna. El análisis de datos de manera aislada es un obstáculo para la construcción de políticas que atiendan las problemáticas sociales de manera estructural e integral. La economía hidalguense ha estado siempre ligada a la salud y a otros temas que requieren vigilancia y atención.
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