Además de enfrentar desigualdad laboral, económica y de garantía a sus derechos, las mujeres en México están expuestas a otra brecha más, como tener acceso a la justicia en un sistema penal con profundas deficiencias.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 indicó que el 27.8 por ciento de la población total privada de la libertad —que asciende a poco más de 220 mil personas— está por recibir una sentencia.
De la cifra, cinco de cada diez mujeres que se encuentran en centros penitenciarios del país ha esperado alrededor de dos años por su sentencia.
Otros datos que reflejan malas condiciones en la atención a las mujeres reclusas es que 15.5 por ciento sufrió agresiones físicas y violencia sexual por parte de la policía o autoridad responsable de la detención; 4.8 por ciento fue víctima de violación sexual durante su detención y 55.3 por ciento mencionó que fue incomunicada o aislada al momento de presentarse ante el Ministerio Público.
De acuerdo al estudio, 46.1 por ciento de las mujeres que se encuentran en prisión preventiva oficiosa no tienen sentencia, esto contrasta con el porcentaje de los hombres que es de 26.7 por ciento.
Además de las cifras dadas a conocer en la ENPOL se pueden considerar otros factores con un enfoque diferenciado, tales como las condiciones que atraviesan las mujeres madres, el tipo de atención médica que reciben, la forma en la que son alimentadas y las actividades laborales que realizan que no escapan de los roles tradicionales de género.
Como lo revelan los datos, las desigualdades entre géneros al interior de las prisiones en México es evidente y las políticas públicas hasta ahora implementadas han sido insuficientes para garantizar los derechos humanos de las mujeres.
En conclusión, es urgente implementar programas de igualdad, transversales y especializados en perspectiva de género para cerrar la brecha de acceso a la justicia.
