El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reservará información de las Fuerzas Armadas por una cuestión de “seguridad nacional”, luego de que ha señalado que el Pentágono y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) espían a la Secretaría de la Defensa (Sedena) y la Marina.
Lo anterior resulta preocupante, sobre todo si sumamos la actual situación por la que atraviesa el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), imposibilitado para sesionar por no contar con quórum legal, debido a la omisión injustificada del Senado de no designar a tres de sus integrantes.
En este contexto es necesario hacer algunas consideraciones, luego del actuar del poder ejecutivo y legislativo en la materia.
En primer lugar, las y los ciudadanos tenemos derecho a saber qué hacen las fuerzas armadas.
Así lo establece el Artículo 6 de la Constitución mexicana que dice: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, (...) es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.
Entre los principios de este derecho se encuentra el de máxima publicidad, es decir, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
Segundo, en caso de que exista una reserva de información, el sujeto obligado en cuestión, tiene que argumentar los motivos de la misma.
En este sentido, si existiera una impugnación, la única instancia que puede determinar qué información pone en riesgo la seguridad nacional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no el Ejecutivo.
El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental para construir confianza en el quehacer gubernamental y es una responsabilidad del Estado mexicano garantizarlo, de lo contrario encontraremos acciones que fomenten opacidad y secrecía, es decir, un grave retroceso en materia de derechos humanos que impactaría de forma negativa en la consolidación de la democracia.
