¡De nada! Seguramente Usted está pensando que esta respuesta no le hace justicia a una institución tan respetable como la Comisión, y que soy injusta en mi juicio. Pero, permítame explicarle.
En primer lugar las posibilidades jurídicas de la Comisión son muy limitadas. Su actuación se limita a hacer recomendaciones. Sí, leyó Usted bien. Después de las exhaustivas investigaciones que se derivan de alguna queja y de comprobar que la razón la tiene el quejoso, la Comisión solamente puede hacer una recomendación. ¿Y sabe para qué sirven en este país las recomendaciones? Bueno, poco más que para nada.
Así, que no estoy abogando por la desaparición de la Comisión. Por el contrario. Estoy solicitando a los nuevos diputados, (los actuales se irán pronto, y, como siempre, con el estigma de que no hicieron gran cosa) dotar a la Comisión de mayores recursos jurídicos que efectivamente conduzcan efectivamente al respeto de los derechos.
Hace unos años tuve oportunidad de formar parte del Consejo Ciudadano de la Comisión. Entre los resultados estadísticos que la Comisión alguna vez nos mostró había un estudio que refería que era mayor el número de hombres que se quejaba por violencia familiar que el de mujeres. Esto parecía contradecir la percepción cotidiana. Pero, ¿Qué mujer en su sano juicio va a denunciar a la Comisión al marido por golpearla si el resultado de la investigación, será ¡una recomendación!?
En segundo lugar, la Comisión en realidad ha hecho muy poco por defender los derechos humanos de quienes diariamente ven pisoteados sus derechos. La lista podría ser muy larga. El transporte público no solamente es un problema de movilidad. No tenemos cifras, pero mucho parece indicar que la cantidad de mujeres que son diariamente manoseadas y ofendidas al transportarse en los camiones urbanos es considerable. Tengo alumnas que en los baños de la Universidad se cambian los pantalones que usan para transportarse, por las vistosas faldas que quieren usar, por la sencilla razón de que no quieren ser objeto del cotidiano abuso en los camiones. Sí, ya sé que la Comisión está obligada a actuar sólo cuando se trata de autoridades de los diferentes niveles de Gobierno, pero esto también es una restricción absurda.
Además, ¿Usted cree realmente que sus elementales derechos a la salud, a la educción están siendo realmente atendidos por las instituciones correspondientes? ¿Y dónde está la Comisión para garantizárselos?
El problema es que en este país donde impera la corrupción y la impunidad sale muy barato violentar los derechos del otro. En países que han avanzado más en el proceso civilizatorio, la violencia a la mujer se ha detenido, por la efectiva intervención policíaca y judicial que inmediatamente a los hechos, captura al marido y lo pone tras las rejas. Esto dista mucho de andar haciendo recomendaciones. Quien violenta el derecho de los demás, muy pronto se ve obligado a pagar una indemnización o de plano es enviado a la cárcel.
En México las ofensas no cuestan, los errores no se pagan, las indemnizaciones justas apenas existen. ¿Usted cree que alguien se va a atrever a ofender a otro en un país en donde quien insulta debe luego pagar una fuerte indemnización? Las violaciones a los derechos humanos no se resuelven con recomendaciones, sino con acciones inmediatas y efectivas que obligan a quien viola los derechos de los demás a pagar.
En tercer lugar, creo que desde Lupita Morfín, en los años en que Alberto Cárdenas fue gobernador, la Comisión no ha tenido un presidente o presidenta que realmente se comprometa en la defensa de los ciudadanos. (Por eso, Alfaro la invitó a participar en su planilla como edil). El nombramiento al cargo ha correspondido a las negociaciones y a los intereses de los partidos que buscan un personaje a modo que no les cause a las autoridades mayores problemas. Se requiere un ombudsman más activo, más comprometido con las necesidades ciudadanas.
Además, el avance en el respeto a los derechos humanos como actitud mental sigue siendo bastante lento. En los sectores que sustentan ideologías extremas, como los muy conservadores y los radicales dispuestos a cualquier movilización, no se ha despertado la conciencia de que el respeto al derecho de terceros es indispensable para la sana convivencia de una comunidad. Todavía existe una innumerable cantidad de personas que sigue pensando que las minorías no tienen motivos para aspirar a la igualdad. Los movimientos que abogan por los derechos de las mujeres, homosexuales, personas con capacidades diferentes, etc., les incomodan. En el otro extremo están aquellos que piensan que tienen el absoluto derecho de manifestarse y de impedir el tránsito de quienes circulan con su automóvil por las calles. Sus acciones radicales muestran igualmente que consideran que los demás no les merecen algún respeto.
Ante estas situaciones, me pregunto ¿dónde está la Comisión? ¿Cuáles acciones han tomado para evitar que estas destructivas formas de pensamiento sigan menoscabando la convivencia?
La Comisión nos cuesta a los contribuyentes cerca de 140 millones de pesos anualmente. Así que debemos estar atentos a su trabajo. Recuerde que la lógica del pago de impuestos es que desistimos de una parte de nuestro patrimonio para que el gobierno y sus instituciones nos devuelvan servicios.
En mi círculo de amigos la respuesta más constante a la pregunta ¿para qué sirve la Comisión de Derechos Humanos? tuvo como respuesta. ¡Para nada, sólo está de adorno! Y hubo quien mencionó que la institución solo sirve para hacernos creer que en realidad estamos avanzando. Lo cual está peor.
