En diciembre de 1992, México, Estados Unidos y Canadá firmaban el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), documento que entraría en vigor a principios de 1994. En el Acuerdo se establecieron las reglas sobre el intercambio comercial de bienes y servicios de los tres países.
La entrada en vigor del TLCAN generó modificaciones sustantivas en el marco jurídico de México. En aquel momento se discutieron, entre otras modificaciones, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Metrología y Normalización y la nueva Ley de Comercio Exterior. Muy poco tiempo antes de la entrada en vigor del tratado, se discutió la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Aduanera y el Código Fiscal de la Federación, por citar unos ejemplos. México se adaptó a las necesidades del TLCAN.
Con el Tratado, el comercio y la inversión de los tres países aumentó considerablemente: el acuerdo impulsó el crecimiento económico, aceleró la creación de nuevos puestos de trabajo y benefició con una mayor variedad de servicios y bienes de consumo a mejores precios. La clave fue la eliminación progresiva de aranceles.
Desde el sexenio anterior comenzaron las negociaciones para actualizar el marco normativo que rige los intercambios económicos entre los países de América del Norte. El 30 de septiembre de 2018, se dio a conocer un nuevo acuerdo trilateral, mismo que daría paso a la transformación del TLCAN en un nuevo acuerdo llamado Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Las actualizaciones que contiene el nuevo tratado implican cambios significativos, particularmente en temas como contenido regional, combate a la corrupción, comercio electrónico y medio ambiente. Esta reconfiguración del acuerdo genera cambios en el marco jurídico nacional, como la nueva reforma laboral del 2019. Sin embargo, aún no se han dado todas las modificaciones necesarias para su correcta entrada en vigor.
Al igual que en los noventa, a pocos días de que entre en vigor el tratado, el Congreso de la Unión llamará a un periodo extraordinario para realizar la armonización de las leyes reglamentarias del tratado, para su correcta implementación en México. El periodo extraordinario está previsto para el lunes 29 de junio, sólo dos días antes de la entrada en vigor del T-MEC.
El paquete legislativo pendiente incluye seis temas: la Nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, la Ley de la Propiedad Industrial, reformas al Código Penal Federal, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación así como la Ley Federal de Variedades Vegetales.
Actualizar el marco normativo de nuestro país para la entrada en vigor del tratado es fundamental, pues el tratado ordena el comercio que mantiene México con los países de Norteamérica, que son a su vez nuestros principales socios comerciales.
El libre comercio con Canadá y Estados Unidos de América es uno de los principales motores de nuestra economía: ambos países son socios inversionistas clave, pues entre 1999 y 2018 invirtieron más de 250 mmdd en México.
La entrada en vigor del T-MEC marca el inicio de un capítulo histórico para el comercio en América del Norte, sobre todo por el contexto en el que nos encontramos. Ante los estragos del COVID-19, es fundamental implementar mecanismos que ayuden a la recuperación económica y sean facilitadores de la generación de empleo.
La crisis actual nos ha obligado a detener prácticamente todas las actividades del país. Estamos en un momento donde debemos defender el dinamismo y vitalidad de la economía de nuestra región, así seguiremos teniendo un mercado para los productos que producimos en casa; así seguiremos disfrutando de bienes y servicios de calidad y a menor costo. Así seguiremos creciendo como país y como región.
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