El campo, como cualquier otra área de producción, está sujeta a los intereses corporativos, que apoyados en los avances tecnológicos se han ido apropiando de buena parte de las utilidades del sector agrícola a nivel mundial.
Primero fue el DDT, sustancia sintetizada en 1874 que se propuso como un método biocida, con la promesa de eliminar a los insectos y plagas que perjudicaban las cosechas y solucionar la hambruna mundial.
Recordemos a Rachel Carson y su libro la Primavera Silenciosa, publicado en 1962, donde advertía de los efectos perjudiciales de los pesticidas, especialmente el DDT.
El DDT ni acabó con las plagas ni erradicó el hambre, en cambio sí ocasionó graves problemas ambientales y enfermedades. Sería hasta 1972 que se prohibió su uso en Estados Unidos y en México.
El glisofato fue sintetizado en 1950 y se vendió la patente a Monsanto, donde el Dr. John Franz descubrió sus propiedades como herbicida.
Utilizando las nuevas tecnologías se produjeron plantas genéticamente modificadas con fines comerciales, resistentes al herbicida, es decir, para vender esta sustancia y para ello en 1996 Monsato comenzó una estrategia de comercializar semillas genéticamente modificadas. Ya para 2014 el glisofato se utilizaba en 90% para fines agrícolas en todo el mundo.
La venta de este herbicida elevó enormemente las ganancias de Monsanto, pero en 2015 se clasificó la molécula como probable cancerígeno, por lo que muchos países han prohibido su uso.
El problema es que el herbicida se aplica masivamente incluso con medios aéreos, fumigando sin restricción los cultivos, una parte es absorbido a través de las hojas, pero no solo de la hierba a la que va dirigido sino de la planta de cultivo, luego aparece en el grano y llega a los humanos o a los animales, colateralmente daña al ecosistema y la cadena de polinización matando aves, abejas y otros insectos. Además cae en la tierra de cultivo y por diluirse en agua permea hacia los depósitos subterráneos, contaminándolos.
En México está litigándose este asunto porque por ley en 2024 ya no deberá ser utilizado, y esta semana el juez sexto de distrito en materia administrativa de Ciudad de México falló en contra de Monsanto negándole una suspensión definitiva, sin embargo algunas organizaciones como el Consejo Nacional Agropecuario, perteneciente al CCE, litigan a favor de esta compañía, incluso amenazan con el encarecimiento de productos agrícolas y su escasez si no se autoriza el uso del glisofato, defendiendo sus intereses comerciales sin importarles la salud de los mexicanos.
Julio César Vega Olivares
