En un acto de autorevisión de la labor, algunos periodistas como Julio Hernández López y John Ackerman, entre otros, analizan con profundidad y detenimiento el motivo de las campañas mediáticas mediante las cuales se está gestando lo que algunos llaman un golpe de estado blando.
Uno de los temas es la caída vertical de los “chayotes” gubernamentales o sobornos a medios y periodistas, con dinero de los contribuyentes para ocultar corrupción y modelos económicos fallidos, acciones que dieron resultados a las políticas neoliberales.
Chayotes que ahora se sustituyen por pagos multimillonarios a algunos periodistas o comunicadores por parte del sector privado, sin conocer el origen de estos dineros, como sustento de estas campañas que, en una democracia bajo ataque, debería conocerse su origen, es decir, deberían transparentarlos.
La aparición de la mañanera, como lo analiza Julio Hernández López, de La Jornada, ha sido un gran mecanismo de cambio en la comunicación social, en la cual el presidente da a conocer información relevante de las actividades del gobierno y además hace uso de su derecho a disentir y de réplica, lo cual parece razonable, no hay ley mordaza aunque algunos medios y comunicadores se dedican a la diatriba y a inventar situaciones sin fundamento propiciadas con recursos de grupos de presión, cayendo en la posibilidad de un intento de golpe blando.
Algunos dicen que la veda de la revocación de mandato se refiere a una prohibición de hablar de López Obrador, pero no, lo que está prohibido es hablar de realizaciones del gobierno, pero para los servidores públicos. Lo que sí está prohibido es el proselitismo político.
Estas vedas electorales son una especie de paternalismo ante los ataques de la propaganda electoral, porque suponen que no se hable de logros del gobierno; pero que no se trata de que para votar en un sentido u otro debemos saber, porque lo hacemos o somos incapaces, y nos tutelan como menores de edad.
John Ackerman nos habla en referencia al artículo 54 de la ley federal de comunicaciones, pues los consorcios de la radio y la televisión que explotan concesiones públicas tendrían que someterse a las mismas reglas de transparencia y rendición de cuentas que los partidos políticos y demás organizaciones civiles.
Y que el artículo séptimo de la Constitución establece la libertad de difundir información, ideas y opiniones, y protege la libertad de expresión. Pero que esto debe realizarse con responsabilidad.
Julio César Vega Olivares
