Resulta del escrutinio público, la apremiante crisis existente con respecto a la garantía y respeto de los derechos humanos dentro del Estado de Puebla, nuestro estado ha pasado a ocupar el quinto lugar a nivel nacional donde más quejas se presentan por hechos violatorios a los derechos humanos, solo por detrás de la Ciudad de México con 32 mil 174, Jalisco 19 mil641, Estado de México 11 mil 764, San Luis Potosí 7 mil 987 y Puebla con 7 mil 184 quejas, según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Aunado a lo anterior, en el periodo de 2015-2016, la entidad fue el primer lugar nacional en quejas por violaciones a los derechos de presunción de inocencia, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, a la libre expresión y a la libre reunión, según datos del Informe 2017/2018 de Amnistía Internacional, respecto a la situación de los derechos humanos en el mundo, donde el estado, concentra un 5.36 por ciento de las148 mil 947 que se presentaron en todo el país durante 2016.
Los anteriores datos, evidencian que en Puebla los derechos humanos han pasado a ser un aspecto que poco a interesado a los gobiernos pasados, por lo que no podemos ocultar la presencia de una autentica crisis de respeto y garantía, por casos que destacan como la recomendación por la violación grave número 2, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en donde integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), provocaron la muerte de un menor de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, como resultado de un enfrentamiento entre los elementos así como pobladores de Chalchihuapan, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan.
O como el caso de Oswaldo Zamora Barragán, un menor de Petlalcingo, Puebla, resultó lesionado por la explosión de una granada de fragmentación de uso exclusivo del Ejército, la cual fue olvidada por los militares en el mismo campo en donde el pastoreaba, el cual hizo que puebla fuera señalada a nivel nacional como una entidad carente de estrategias normativas para hacer respetar los derechos humanos de los ciudadanos.
Por este y otros muchos casos, es que se hace imperante proporcionar por parte de los gobiernos auténticas alternativas de solución que nos permitan sacar a nuestro estado de esta crisis de respeto y garantía a los derechos humanos en que nos han dejado anteriores administraciones, donde lo más importante fueron los proyectos económicos por sobre cualquier política de apoyo a los ciudadanos.
