Al fin, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo de Juez federal órdenes de cateo y de aprehensión por (i) delincuencia organizada y (ii) robo de hidrocarburos –asuntos de su competencia- contra jefe mafioso detenido el domingo. Será puesto a disposición de juez federal en CEFERESO de El Altiplano, en Edomex. Por delitos en flagrancia le hacen escala en la Fiscalía de Justicia del Estado (FGJ Gto) para ésta haga lo propio. “Al éxito le sobran padres; el fracaso es huérfano”, se dice. Temprano se colgaban medallas autoridades estatales y federales. La acción fue judicialmente planteada por la FGR, que deberá seguir proceso y obtener sentencia por esos y otras causas acumulables, esperamos; debió actuar mucho tiempo atrás; necesaria la coordinación y colaboración, reconocibles. Pero ¡Gobiernos federal y estatal lo dejaron crecer, y fueron incapaces, por más de 10 años, de contener violencias del mafioso que privó vidas, libertades, patrimonios público y privados; sueños y tranquilidad de miles de guanajuatenses! Su grupo en guerra contra el CJNG desde 2017: otro objetivo pendiente del Presidente, FGR y UIF. Ambas autoridades siguen debiendo: Pérdidas de vidas y otros bienes humanos, irrecuperables. No relativicemos dato, tampoco absoluticemos. Ponderemos. Digamos que en el desempeño de la función pública de seguridad, las autoridades cumplieron deberes básicos; y para muchos guanajuatenses, demasiado tarde. Mínima empatía con víctimas. Con realismo crítico debemos establecer estándares o promedios tolerables de violencias y delincuencias, no de alta impunidad como la hoy sufrida. La autoridad tiene el monopolio del uso de la fuerza para garantizar el respeto a las personas, su integridad, libertades y patrimonios, y para mantener orden y paz públicos, fines de la seguridad; éste es nuestro derecho ciudadano; de las autoridades, su obligación. Bueno fue que el presidente López no tuvo ocasión de soltarlo. Responsabilidades federales hay muchas pendientes en huachicol, drogas, armas.
¿Qué sigue? De FGR y la FGJ Gto: Observar el debido proceso, inmediatamente judicializar por las conductas conocidas en flagrancia (secuestro de mujer, armas, dinero), esperando esas evidencias bien custodiadas, para lograr vincular a proceso, obtener medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y aseguramiento de objetos. Segundo: Imputar delitos de los que FGR o FGJ Gto no tuvieron tiempo de solicitar orden de aprehensión a efecto de obtener del juez su vinculación a proceso, y pedir acumulación de causas. Tercero: Habiendo solicitado FGR orden de aprehensión por delincuencia organizada, desdoblar carpeta para acumular otras causas federales: tráfico de armas, de drogas, secuestros o levantones y homicidios del grupo delictivo. Cuarto: tanto UIF como Fiscalía estatal debieron iniciar investigación de extinción de dominio para aquellos bienes obtenidos ilícitamente de sus actividades delictivas y pedirla al juez, fundamental.
Es de esperar mejore sensación de seguridad. El capo sumó bandas que descabezadas se fracturarán y disputarán mercados ilícitos por su cuenta. La real coordinación Federación-Estado se constatará cuando contengan toda la red de cómplices. Y al mismo tiempo, hay que ir por otros, el CJNG ya, empoderado y ahora predominante en el estado en el mercado de ilícitos y de rutas de trasiego.
A la Federación(FGR, UIF, Guardia Nacional) corresponde seguir persiguiendo a la delincuencia organizada y actividades de huachicoleo, tráfico de drogas y armas, trata de personas, grupos feminicidas, secuestradores y de desaparecidos. A Estado y municipios coordinarse y empezar por prevenir violencia y delincuencia con participación social. Y combatir secuestro, robo, extorsión. Es nuestro derecho.
