El presidente dio otro mazazo al Estado de Derecho, al Federalismo y a Tamaulipas. Hizo que el Fiscal General de la República solicitara orden de captura contra el gobernador de ese estado (exhibe sumisión, cero autonomía). Y que un juez federal concediera la orden el miércoles 19, violando ambos la Constitución Política, y convirtiéndose en delincuentes, según el Art. 225 del Código Penal Federal, al violar inmunidad procesal. Todo ello no obstante la resolución dictada por el Ministro de la Corte González Alcántara el viernes anterior, quien confirmó que el gobernador está protegido contra acciones penales hasta el fin de su mandato (resolución que la FGR ya reclamó ante la Corte, la que aún no resuelve), porque el Congreso de Tamaulipas decidió antes no avalar la declaración de Diputados federales y que su gobernador permanezca en el cargo. Y así lo prevé el párrafo 5º del Art. 111 Constitucional: “Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas…” la Cámara de Diputados declarará si se procede contra el inculpado (lo que hizo el 30 de abril por supuesta defraudación fiscal, luego escondida por la FGR para iniciar por otros delitos), y “su declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”. La Cámara federal no puede por sí sola levantar ese obstáculo, en el caso de un gobernador y otros funcionarios locales.
La Constitución da “inmunidad procesal” o “funcionarial” (mal llamado “fuero”, prohibido) a ciertos cargos públicos relevantes para el funcionamiento del Estado (del presidente de la República, para empezar) para no ser detenidos o procesados con intención política (como la de AMLO ahora) o injustificada, durante el desempeño del encargo, sin que antes el Legislativo, como filtro político, decida si levanta o no la inmunidad, previo pedimento de la FGR. Protege a la función o cargo público, no a la persona. Y cuida, además, al Pacto Federal, al otorgar al Congreso local la última palabra, como contrapeso al poder central, al dar tratamiento diferente al gobernador respecto de funcionarios federales. El ministro resolvió que el Legislativo de Tamaulipas tiene facultades para participar y decidir sobre la condición jurídica del gobernador, Congreso que decidió mantener al gobernador con pleno ejercicio de sus competencias. El ministro también reconoció la expresa intención del Poder Revisor de la Constitución que en 1982 señaló que en materia de inmunidad procesal de los gobernadores y otros cargos debe prevalecer la soberanía decisoria de cada entidad que conforma el pacto federal. Al modificar los senadores la iniciativa de reforma del presidente De la Madrid precisaron: “la declaratoria de procedencia que emitiera la Cámara de Diputados no removería el obstáculo procesal, sino dejaría a las legislaturas de los Estados la determinación correspondiente”. Y al aprobar ley reglamentaria reiteraron que la declaratoria de procedencia de diputados tenía “naturaleza meramente declarativa”, para así respetar al Federalismo. La interpretación de las normas de Derecho político “se debe hacer conforme a los criterios gramatical, sistémico y funcional”, y debe atenderse la interpretación “auténtica”, que es la razón e intención expresa del Poder Revisor de la Constitución.
El ministro en retiro José Ramón Cossío dice: “Mientras que respecto a los servidores públicos federales la determinación de la Cámara es final, para los locales prevalece regla diferente… La decisión de la Cámara de diputados federal no le impone al Congreso local ninguna resolución. Este debe decidir con autonomía…”. Hasta el presidente del Senado, de Morena, así lo reconoce hoy. No anticipemos si es inocente o culpable, se resolverá luego en un juicio penal. El capo de la 4T, Andrés Manuel el “cruel”, prostituye a las instituciones para venganzas personales, destruye al Federalismo y al país. Se le ocurrirá destituir a gobernador de Guanajuato, de Jalisco o cualquiera que no sea lacayo. Votemos por diputados-dique al destructor.
Juan Miguel Alcántara
