Nuestro joven gobernador Diego Sinhue Rodríguez decidió ratificar en sus cargos al Procurador de Justicia y al Secretario de Seguridad; decisión ardua (estresante), compleja y costosa en arranque.
Tuvo de organizaciones empresariales y profesionales propuestas de personas solventes moral y técnicamente, y de resultados en cargos públicos. (Una, Juan Manuel Álvarez G, con decidido respaldo entre colegios de abogados. Organismos empresariales le propusieron mi nombre para Secretario de Seguridad sin consultarme: yo no tengo perfil de profesional de carrera policial. Asesor de presidentes y gobernadores le propuso otro nombre con ese perfil, abogado-policía de resultados; exploró más). En semanas previas trascendieron versiones: que serían ratificados por solo el resto del año, o por un año, o por todo el período gubernamental. Una semana antes de anunciarla, el Secretario de Seguridad buscó en órgano de la Comisión Nacional de Seguridad refuerzo para su equipo.
La decisión no es imprevista pero sí incomprensible y mal recibida. Actuales estructuras de esas dos dependencias, sus procesos y sus resultados han sido desastrosos para Guanajuato en último tiempo, por lo que buena parte de ciudadanos entendimos que el “golpe de timón” prometido por el candidato y decisivo significaba nuevas cartas de navegación (estructuras, procesos y resultados) y nueva tripulación (cambio de titulares desgastados). Su decisión ponderó costos para credibilidad y gobernabilidad. El Gobernador debe tener prevista eficaz estrategia de control de daños; el nivel de descrédito y deslegitimación de su gobierno es terrible apenas al inicio. La campaña de supuestos respaldos de empresarios en periódicos inducida desde la secretaría particular es increíble y solo fortalece percepción de acorralados.
Entre tanto, atendiendo a su petición de no dejarlo solo, compartamos algunas ideas adicionales a las que le entregué hace un mes relativas al problema de inseguridad. Debe, en primer lugar, exigir al dúo un plazo en el cual dé resultados verificables de disminución efectiva en índices de delitos de mayor impacto social y de su competencia: homicidios intencionales, robos (en vía pública, comercios u hogares); extorsiones y secuestros (éstos incrementados y poco denunciados por temor e ineficiencia), con nuevas estrategias. Alineando municipios.
Como no habrá curva de aprendizajes y contará con todo el apoyo gubernamental, seis meses es un plazo razonable. En segundo lugar, repetir fórmula del último año de gobernador Márquez —Secretario de Gobierno controlador del dúo—, es reconocer no funcionó ese control de quienes se saben-sienten incontrolables. ¿Por? A Rodríguez Junquera el dúo no le hizo caso —constatamos quienes quisimos construir alternativas de seguridad desde ámbito empresarial o ciudadano—. Se espera que el secretario Ayala —con carácter—, sí los controle y evite se empoderen por encima del gobernador en tercera oportunidad.
El presidente electo se comprometió este lunes a terminar con el huachicol. La Federación que haga su parte. Lo urgente para la Procuraduría de GTO es rediseñarla y crear nueva Fiscalía General, alineada a criterios y valores del nuevo sistema de justicia penal, aún no debidamente implementados. Luego, el Legislativo debe elaborar perfil y buscar fiscal idóneo.
A Secretaría de Seguridad, con participación ciudadana elaborar por fin plan integral de seguridad con énfasis en programas de prevención que podamos conocer, colaborar, evaluar, exigir cuentas; y supere indisposición a colaboración ciudadana. Momentos de decisión.
