Uno de los retos más grandes de la democracia es conciliar en lo que la mayoría estamos de acuerdo y concentrar el debate en los desacuerdos. Nadie está en contra de las fuentes de energía renovable (casi nadie), estamos en desacuerdo de cómo desfasar los hidrocarburos. Todos queremos invertir más en la educación, diferimos en hacerlo en infraestructura, docencia o entorno. Hay muchos temas así. Todos estamos en contra de la violencia física, verbal o psicológica; especialmente cuando las víctimas son menores de edad ¿Por qué entonces le quitamos los huevos al toro al promulgarlo como ley?
Se ha vuelto una maniobra política buscar un nombre para hacer de menos una iniciativa de la oposición, llamarle ley anti-chancla automáticamente categoriza a la iniciativa como en contra de disciplinar. Francamente, el lenguaje de la ley también deja mucho que desear ya que en su descripción podría entrar hasta el más ligero regaño a un menor de edad.
En este espacio frecuentemente señalamos las limitaciones del Derecho Romano que se usa en México. La rigidez de tener que aplicar la ley como está escrita en lugar de utilizar jurisprudencia basada en la costumbre de la nación para aplicar la legislación crea una infinidad de huecos legales en lugar de proteger lo que se pretende. Quizás les sea familiar cómo hace alrededor de 30 años el aluminio reemplazó al acero para la carrocería en automóviles, la lógica simple es que el acero era más fuerte en contra del impacto y mientras que eso es cierto, por la ley física de transmisión de fuerza, ése impacto lo recibía el resto del vehículo, pasajeros incluidos. Es más seguro el aluminio porque cede ante el choque, de igual manera que es más seguro que el cuerpo judicial pueda interpretar el espíritu de la ley a que se ejerza al pie de la letra.
Podemos debatir si hace falta una ley para proteger a los menores de edad de un chanclazo o un firme regaño verbal, si los correctivos negativos tienen un uso en la crianza o si solo debemos usar incentivos positivos para criar a nuestros hijos. Ése es un tema que probablemente no tiene el apoyo de la población, la mayoría de los mexicanos siguen creyendo que se necesita al menos la amenaza de un castigo para fomentar un buen comportamiento (tanto en menores, como en mayores de edad). Lo que es prácticamente indiscutible es que casi toda la población está en contra de lastimar a menores de edad física o psicológicamente, que es una atrocidad que debe ser fuertemente penalizada como un crimen y que es un problema prevaleciente en nuestra sociedad.
Al confundir la discusión sobre si un manazo o un grito esporádico es aceptable, con la penalización de la violencia hacia los menores de edad por parte de sus tutores, la ley perdió su filo y al menos al nivel federal fue promulgada sin penalización criminal. La Cámara de Senadores cree que deben ser condenadas como crímenes las agresiones de los padres y tutores hacia los menores que se supone deben proteger, pero que no ameritan un castigo. Son unos güeyes, en todo el sentido correcto de la palabra. Aplaudo al Congreso del Estado de Jalisco que aprobó la ley, que contempla de seis meses a cinco años de cárcel y la posible pérdida de la custodia del menor. Incluso, me gustaría invitarlos a ponerse más creativos y agresivos con la condena. Un tema más que la policía de lo políticamente correcto y la hipersensibilidad conservadora arruinan en nuestra sociedad. Gracias.
