Si la nota de Mural sobre la reciente demolición de la finca en la calle Zuno de la Colonia Americana del 14/07/2023 es fidedigna, se evidencia un absurdo legal que atenta contra la conservación de nuestro patrimonio: que un tribunal disponga que una autoridad no ejerza sus atribuciones legales, y que anule sus disposiciones.
Es muy negativo para Guadalajara que un tribunal de justicia administrativa, el del propio Estado, hubiera decretado “impedir a la Secretaría de Cultura ejercer sus facultades y atribuciones” para defender una finca valiosa. Que anulara los dictámenes previos de esta dependencia, y eliminara la ficha que declaraba a la finca como patrimonial. Para después requerir del Ayuntamiento un nuevo dictamen que no considerara el valor de la casa, dándose así su demolición. La nota también menciona que el Ayuntamiento recurrió ante la Sala Superior del Tribunal, pero que esta ratificó la decisión de la “Sala Segunda”.
Ello marca un triste precedente, señala el camino a cualquiera que quiera dejar sin efecto la legislación que protege nuestro patrimonio construido. Ojalá que se pudiera consultar el expediente para conocer el fundamento legal que llevó a tal veredicto. De manera que esta grave omisión procesal pueda corregirse prontamente, para evitar que se repita.Quiero pensar que el juez encargado encontró alguna anomalía normativa que le hizo tomar esa determinación.
El caso evidencia también lo urgente de amarrar la normativa que protege el patrimonio, evitando vacíos legales que permitan su destrucción. Según algunos abogados especialistas en derecho urbano que consulté, el Inventario Estatal del Patrimonio Cultural que clasifica y protege las edificaciones patrimoniales, no está validado ante el Registro Público de la Propiedad, lo que lo anula como instrumento legal, generando un vacío en la ley que termina por permitir la demolición de fincas valiosas.
Urge registrar este inventario cuanto antes, para evitar más pérdidas. Su validación implica dar voz a los propietarios de estas edificaciones. Es muy sano que herederos y compradores del patrimonio, incluyendo a los promotores de torres, participen activamente en la defensa y aprovechamiento de las fincas valiosas, con todo y los cuestionamientos que pudieran surgir. Solo así podremos avanzar en el tema.
La legislación para defender el patrimonio no debe ser una simulación que avale su destrucción, sino un verdadero marco legal que lo salvaguarde. Necesitamos tomar cartas en el asunto ya.
