Estimado lector, ¿alguna vez se ha preguntado cuántas cosas pagamos más caras debido a la inseguridad en nuestro país? Hoy abordaremos el caso de la inseguridad en las carreteras y cómo esta afecta a los transportistas y a las empresas en nuestro estado. Esta es la primera entrega de una serie de artículos que llamaremos “La economía de la inseguridad”.
En México, ser transportista se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Los asaltos en carretera han dejado de ser hechos aislados para transformarse en una industria criminal creciente (¿tolerada?) por la inacción del Estado. La estrategia de “abrazos, no balazos” del ex presidente López Obrador fracasó en contener la violencia, y dejó a la actual administración un problema estructural con consecuencias económicas directas para todos los ciudadanos.
La compañía de seguridad A127 informó que, en el primer semestre de 2024, se registraron más de 8,000 robos a transporte de carga en el país. Este aumento ha obligado a las aseguradoras a elevar las primas, especialmente en rutas consideradas “rojas”. En estados como Guanajuato, Puebla o el Estado de México, transportar mercancías ya implica un sobreprecio por riesgo. Distintas cámaras empresariales e industriales han señalado que las primas de seguro han aumentado más de un 50% respecto al año anterior. Algunos empresarios incluso han declarado en medios que pagan hasta el triple por asegurar sus cargas.
Este incremento no se limita a los contratos de seguro. Se configura así la peor de las ecuaciones posibles, en la que “todos pierden”: primero se reducen los márgenes de ganancia de las empresas, y luego se traslada parte de ese costo al consumidor final (nosotros), encareciendo los productos básicos y, por ende, afectando la inflación. ¿Quién lo diría? Una inflación provocada por la inseguridad.
El informe 2024 del Institute for Economics & Peace (IEP) indica que el impacto económico de la violencia en México fue de 4.9 billones de pesos en 2023, lo que representa el 19.8 % del PIB nacional. A nivel estatal, en Jalisco, el mismo estudio señala que el impacto ronda entre el 10 % y el 14 % del PIB estatal. Cifras que alarmarían a cualquier mercado, a cualquier inversionista.
El miedo a la violencia altera el comportamiento económico. Hoy vivimos una privatización forzada de la seguridad: transportistas, empresas e incluso emprendedores deben recurrir a escoltas privadas, vehículos blindados o modificaciones de rutas, lo cual encarece aún más la logística. En lugar de garantizar seguridad pública, el Estado ha empujado a los particulares a resolver su protección con recursos propios.
La inseguridad ya no es solo una cuestión de percepción o estadísticas: es un costo real. Y lo estamos pagando todos. Lo paga la pyme que no puede costear un seguro más caro. Lo paga la familia que nota que su despensa rinde menos. Lo paga el país entero en competitividad.
La violencia tiene un precio. Y cuando el gobierno no actúa, el mercado ajusta… y los ciudadanos pagan la factura.
