El reconocido economista Gerardo Esquivel presentó recientemente una valoración del desarrollo económico desde el 2018 donde sostiene que el cometido principal se cumplió: duplicar el salario mínimo en términos reales y reducir la pobreza lograron avances notables. Según su análisis, cerca de 10 millones de personas salieron de la pobreza y los ingresos de los deciles inferiores crecieron vigorosamente. Es un logro notable de los últimos años gracias a la actualización del salario mínimo y de la regulación laboral que benefició a los hogares de menores ingresos, cuyo efecto fue positivo al disminuir la pobreza y la desigualdad; el santo grial de la economía del desarrollo.
Me gustaría añadir otro acierto importante: haber mantenido una porción del andamiaje macroeconómico existente antes de 2018, en específico, la autonomía del banco central y el INEGI, y el tratado de libre comercio de América del Norte.
En otro análisis económico, Luis De la Calle, incorpora dimensiones productivas que complementan el énfasis distributivo de Esquivel, donde analizó a la par los recientes resultados del Censo Económico 2024 y la ENIGH 2024 invitando a una mirada más profunda. De la Calle destaca el aumento del ingreso total promedio por hogar y lo empata con el crecimiento del valor agregado real de las unidades económicas, que se expandió a una tasa de 4 % anual entre 2018 y 2023, impulsado principalmente por las microempresas. Sin embargo, De la Calle argumenta que los logros en la reducción de la pobreza “poco tienen que ver con las políticas del sexenio anterior”.
Se trata de enfoques complementarios. Esquivel resalta los logros redistributivos; De la Calle, los avances en valor agregado y productividad. Ambos coinciden en que hubo progreso económico y que la fuente más importante fue el mercado laboral.
Ahora bien, cuando se considera un marco más amplio los resultados son mixtos y advierten sobre retos institucionales y estructurales. Hay tres ámbitos económicos que muestran saldo negativo: La política fiscal; insumo básico de la estabilidad, macroeconómica; los servicios públicos, pilar fundamental del bienestar; y el ambiente de negocios; necesario para que el progreso económico sea sostenible.
El deterioro fiscal se reflejó en un déficit históricamente alto en 2024 (5.9 % del PIB), generado por la presión del gasto creciente en inversiones públicas que aún no han dado réditos. La deuda pública ha aumentado dentro y fuera de balance, es decir, considerando tanto la colocada en los mercados como los adeudos con proveedores que están guardados en el cajón de las instancias públicas, destacando Pemex. Los servicios públicos han reducido su alcance incrementando en millones los ciudadanos sin acceso a la salud y sin mejoras palpables en el rezago educativo.
El ambiente de negocios, medido por el optimismo del empresariado mexicano, que capturamos en la encuesta de expectativas empresariales del IPADE, realizada en el mismo trimestre que la ENIGH 2024, mostró en detrimento significativo. En esa fecha solamente el 36.8% de los empresarios encuestados consideraban que era un buen momento para invertir, cifra que se mantuvo en niveles bajos en el primer trimestre de 2025 (39.3%). A los “empresarios de a pie” que en el sexenio anterior resintieron el corte de los vasos comunicantes con el sector público, les preocupa hoy la economía y el marco legal.
Considerando esta perspectiva la evaluación de los resultados adquiere otro matiz. Si el juicio incluye el crecimiento sostenido del ingreso, la inversión y estabilidad institucional, el balance exige mayor cautela.
Desde el sector empresarial se espera que los datos económicos contrasten con el sexenio anterior en fortalecer la cooperación pública-privada, rescatar los servicios públicos y cuidar de manera cercana el balance fiscal amplio, porque no hay mejor política social que la que genera prosperidad productiva fortaleciendo el ingreso laboral, invirtiendo en los ciudadanos y promoviendo la generación de valor de manera sostenible.
