La aprobación del Senado de la República de las reformas jurídicas para la equiparación de la evasión fiscal con la delincuencia organizada, es excesiva y abusiva. Un delito no puede ser comparado ni tratado como igual a otro.
Dentro de los principios del delito, yo agrego una postura que tiene que ver con la unicidad del delito. Qué significa esto, que cada delito tiene la característica de que es único y no puede ser igual a otro.
Un homicidio es privar de la vida a un ser humano, aquí y en China. Un robo es la sustracción o apoderamiento de un bien ajeno. Por tal, un homicidio no puede ser equiparado con un robo, y así sucesivamente.
La evasión fiscal no es lo mismo que la delincuencia o el crimen organizado. Los términos están muy bien definidos incluso en los conceptos del derecho internacional y no se puede venir aquí a darles otro sentido.
Aunque en la evasión fiscal puedan intervenir dos o más personas para cometerla con el propósito de obtener un beneficio, por mayor o menor que sea este, no se le puede catalogar como delincuencia organizada. La delincuencia, o el crimen organizado, están relacionados intrínsecamente con las mafias o cárteles.
Creo que todos estamos de acuerdo en que se persiga la falsificación de facturas para evasión fiscal y las operaciones simuladas, cualquiera que sean sus actores, personas o entes públicos o privados. Que se castigue la práctica de las empresas fantasma o ‘fachada’, excelente, nadie se opone y solo los infractores podrían hacerlo.
La imposición de penas y sanciones debe estar directamente relacionada a la gravedad del hecho en sí y no a la comparación con otros ilícitos y menos con la delincuencia organizada, porque el camino del crimen organizado está asentado en un terreno de muerte y dolor inconcebibles.
La determinación del Senado, conforme a lo propuesto por el Congreso federal, considera similar a la práctica de las empresas fantasma con el contrabando y su equiparable. De ahí, que se considere prisión preventiva a los infractores.
Datos que se vertieron en el debate de las reformas, indican que la práctica de las facturas apócrifas de las empresas fantasma, implican una evasión por 354 mil millones de pesos, equivalente al 1.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.
Otro exceso incluso nominal es que se considere a la evasión al fisco federal como una amenaza a la seguridad nacional; casi, casi, con la posibilidad de que una intervención en contra de ese delito, la realice el Ejército Mexicano, en la que se incluyan tanques y helicópteros de guerra.
De manera independiente a que la reforma entre en vigor a partir del primero de enero de 2020, desde ahora se han manifestado grupos sociales, especialmente la iniciativa privada, además de partidos políticos, con una preocupación y la incertidumbre ante el inminente terrorismo fiscal.
El mensaje que queda de las reformas a los ordenamientos legales expuestos, lejos de la idea de que se busca “una verdadera lucha contra la evasión fiscal”, es que a quienes sean detenidos por este delito, serán tratados igual que a los capos del crimen organizado. Terrible.
* Presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato
