Por medio de una nota diplomática del pasado 11 de mayo del año en curso, entregada a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita al gobierno estadunidense toda la información disponible respecto al operativo Rápido y furioso llevado a cabo por la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que se implementó a finales de 2009 y que involucró el trasiego de más de 2 mil armas de alto calibre que entraron a territorio nacional para ser rastreadas para localizar a bandas delincuenciales pero que, lejos de lograr dicho objetivo, en los hechos fueron utilizadas para cometer diversos delitos en México, Estados Unidos y terceros países, resultando lamentables pérdidas de vidas humanas.
Independientemente de las responsabilidades penales, civiles, administrativas e internacionales que necesariamente deben deslindarse y que pueden alcanzar incluso a las más altas autoridades gubernamentales en México, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y en Estados Unidos, en el gobierno de Barack Obama, el operativo Rápido y furioso evidenció lo equivocada que fue la política calderonista de guerra contra el narco.
En breves palabras, los ganadores de dicha política de guerra al narco fueron los fabricantes y comercializadores de armas principalmente en Estados Unidos.
Los miembros de las bandas del narcotráfico para defenderse gastaban sus ingresos en la compra de armas en Estados Unidos y también el gobierno mexicano compraba sus armas principalmente en dicho país. El ingreso por ese lucrativo negocio quedaba del lado de Estados Unidos, de hecho, fue una transferencia de riqueza de México hacia Estados Unidos y los muertos en su gran mayoría quedaron en nuestro país.
Sabemos que uno de los motores principales de la economía es el gasto público de los gobiernos, y si el gasto público del gobierno mexicano se destinaba a la compra de armas en Estados Unidos pues ese motor sirvió para impulsar la economía, pero no de México sino de Estados Unidos. Cada compra de armas en Estados Unidos fue una transferencia de riqueza de México hacia el país vecino del norte, y la pérdida de vidas humanas en México diezmaba y diezma la población que de haber tenido las oportunidades de empleo necesarias eran potencialmente productivas en nuestro país sin dejar de mencionar el terror, el luto y sufrimiento de las familias en México.
Cabe también mencionar que todo gasto implica un costo de oportunidad. Es decir, que detrás de cada gasto en la compra de armas por parte del Gobierno Federal se encontraban los hospitales, escuelas, caminos, carreteras, puentes y demás infraestructura que se dejaron de construir en México para en su lugar comprar armas para matar.
Del lado de Estados Unidos es una política injustificada, pero entendible, pues es un país que produce más armas que todos los países del mundo juntos y necesita mercados para darle salida a esta mortífera producción y para impulsar su economía, pero para México esta guerra implicó un traslado de riqueza al exterior con un alto costo de oportunidad y a cambio de convertir el territorio nacional en un camposanto.
El colmo es que está por resolverse si dicha guerra fue una farsa, una complicidad del gobierno de Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa para controlar y “ordenar” el mercado.
Por ello, el camino es un cese el fuego y encaminar el gasto público para crear oportunidades lícitas alternativas para la población joven y atacar las adicciones combatiendo la demanda de estupefacientes a través de propaganda y educación y tratando el asunto como un problema de salud.
*Mtro. Jesús Torres Gómez
Profesor de la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia.
