El 1 de septiembre de 1982, en el segundo piso de la Cámara de Diputados Manuel J. Clouthier, líder del CCE, escuchaba atento al presidente José López Portillo acompañado por otros dirigentes empresariales. Llegué ahí gracias a un pin con la bandera nacional que me dio personal del Estado Mayor porque ya no había forma de tener acceso al Palacio Legislativo.
Clouthier sabía que la fuga de capitales continuaba y que los rumores crecían: que se congelarán las cuentas bancarias y de cheques, que las compras de bienes ya eran de pánico y había escasez, que se expropiarán cajas de seguridad, que había fuga de dólares y de pesos en la frontera con Estados Unidos (5 mil millones de pesos diarios) para depositarlas en Texas, que habrá manifestaciones masivas contra la política económica por parte de trabajadores.
El Partido Socialistas Unificado de México (PSUM) ya había pedido el control de cambios y la CTM también más revisión de la política tributaria y reducción en las tasas de interés; ya no había dólares. Era tan absurda la situación que la gente compraba dólares caros para pagar un kilo de frijoles en el mercado y perder dinero con un tipo de cambio más bajo; había mercado negro de divisas. El 23 de agosto se conoció que México tenía que pagar 280 millones de dólares y solo tenía 120 millones; los bancos internacionales aceptaron una moratoria de 90 días para su liquidación.
Le pedí al dirigente del CCE que leyera el texto subrayado del informe que le entregué para conocer su opinión:
“Tenemos que detener la injusticia del proceso perverso fuga de capitales- devaluación- inflación que daña a todos, especialmente al trabajador, al empleo y a las empresas que lo generan. Estas son nuestras prioridades críticas. Para responder a ellas he expedido en consecuencia dos decretos: uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios, no como una política superviniente del más vale tarde que nunca, sino porque hasta ahora se han dado las condiciones críticas que lo requieren y justifican. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear”.
–Hay muchos rumores… Hay que oír al Presidente, cortó Maquío al entonces reportero de Excélsior.
No sabía que la Secretaría de Gobernación rompió horas antes una tradición periodística, la de entregar a todos los medios una copia escrita del informe presidencial en los primeros minutos del 1 de septiembre para iniciar su proceso de edición. Eso alertó a los periodistas. De hecho se rumoró que en esa madrugada algunos banqueros sacaron millones de dólares en efectivo con aviones particulares.
La mirada de Clouthier al reportero fue muy fría. Pasó el documento a José María Basagoiti, presidente de Coparmex, y éste a Emilio Goicoechea, presidente de Concanaco, y luego a Alfonso Pandal Graf, presidente de Concamin, y a Carlos Abedrop, presidente de los banqueros… Intercambiaron miradas y susurros.
La atención regresó al mensaje presidencial y una hora después confirmaron lo leído. Escucharon los rabiosos aplausos de apoyo y no se inmutaron por los cientos de miradas que esperaban verlos salir del recinto legislativo; aguantaron sentados hasta el final. Clouthier, Basagoiti y Goicoechea acordaron darme su opinión solos, y así fue. Abedrop leyó un breve mensaje escrito a mano ante Joaquín López Dóriga frente a las cámaras de Televisa. La salida fue un caos. Se fueron a un hotel para analizar la situación junto con otros empresarios.
Diagnóstico equivocado
Todos coincidieron en rechazar el diagnóstico de crisis hecha por José López Portillo, que las apreciaciones sobre la banca fueron injustas e infundadas y no es culpable de la crisis, que se optó por la estatización y no la libertad, que a pesar de todo seguirán en el país, que se dañó la confianza, y que no son saca dólares, y los que lo hicieron fue por desconfianza en sus gobernantes.
El presidente López Portillo informó que conservadoramente “en los dos o tres últimos años han salido por lo menos 22 mil millones de dólares, y que se ha generado una deuda privada no registrada para liquidar hipotecas, pagar mantenimiento e impuestos por más de 20 mil millones de dólares que se adicionan a la deuda externa del país. Estas cantidades sumadas a los 12 mil millones de mexdólares, es decir, 54 mil millones de dólares, equivalen a la mitad de los pasivos totales con que cuenta en estos momentos el sistema bancario mexicano en su conjunto y alrededor de dos tercios de la deuda pública y privada documentada del país”.
Se nacionalizaron 49 bancos que tenían 5 mil accionistas, a quienes se indemnizó con más de 113 mil millones de pesos de aquel entonces a través de Bonos de Indemnización Bancaria que cotizaron en la bolsa de valores.
Los principales montos de indemnización fueron para Bancomer, fue de 30 mil 874 millones; a Banamex, 27 mil 611; Serfín, 10 mil 711; Banco del Atlántico, mil 428, BCH, 2 mil 71, y a Bancreser, de mil 842 millones, a Banpaís, mil 505, y a Comermex, de mil 683 millones.
Indirectamente se expropiaron 467 empresas y se enajenaron 339 con un pago superior a 118 mil millones de pesos. Entre ellas estuvieron Hotel Las Brisas, Minera Frisco, Hoteles Camino Real, Polímeros de México, Cía. Hotelera Comermex Hilton, Porcelanite, John Deer, Hotel Alameda, Productos Pelikan, Bufete Industrial, Nec de México, Cydsa, AC Mexicana, Aceros de Chihuahua, Industrias Luismin, Bayer Industrial Ecatepec, Perforaciones Marítimas Mexicanas, Basf Vitaminas, Transportación Marítima Mexicana, Fábrica de Papel Loreto y Peña Pobre, Martell de México, Ponderosa Industrial, Reynolds Aluminio, IEM, Teleindustrias Ericsson, Química Flour, Celanese Mexicana, Grupo Industrial Camesa, Organización Robert’s, Automotriz Coyoacán, Grupo Condumex, Minera Autlán, Cervecería Moctezuma, Empresas La Moderna, Texaco Mexicana, Mexicana de Aviación, Kimberly Clark, Telmex, Nylon de México, Peñoles, Grupo Industrial Saltillo, Industrias Resistol, Aurrerá, Fundidora Monterrey, Sanborns, El Puerto de Liverpool, Grupo Industrial Bimbo, Palacio de Hierro, Valores Industriales, Cemex y Grupo Industrial Alfa.
Filtración en Los Pinos
En 2007 Jesús Silva Herzog, titular en esa época de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó en su libro de memorias que “años después tuve información precisa” de que los directores Banamex y Bancomer, Agustín Legorreta y Manuel Espinosa Yglesias, fueron “alertados” un día antes en la noche “por una voz de Los Pinos” sobre la nacionalización. El ministro de la SCJN Atanasio González comentó ese mismo año que Arturo Durazo, jefe de la Policía, les informó minutos antes del hecho y que él protegería a los bancos.
Meses después se supo que el 31 de agosto a las ocho de la noche el presidente López Portillo se reunió en Los Pinos con varios secretarios de Estado para comentarles sobre el anuncio de la nacionalización bancaria y el control de cambios. El miércoles 1 de septiembre, a las ocho de la mañana, también en Los Pinos, desayunó con todo el gabinete ampliado para hablar de lo mismo.
Los tres amparos de los banqueros contra la nacionalización no prosperaron. Fue el juicio de garantías que constituyó el primer cuestionamiento legal que se hacía en México contra una reforma constitucional. El documento de defensa firmado por Jesús Silva Herzog, como titular de la SHCP, constó de 129 hojas más 42 páginas de anexos.
Los empresarios tomaron otras decisiones históricas a consecuencia de la expropiación bancaria, como participar de manera directa en la política. Manuel J. Clouthier y José Luis Coindreau, nuevo presidente de Coparmex, idearon cursos de capacitación exclusivamente para empresarios interesados en actuar dentro de los partidos políticos y de manera abierta lanzarse coma candidatos a diputados locales y federales, presidentes municipales, gobernadores o candidatos a la Presidencia de la República, como lo hizo el propio Clouthier.
Por cierto, sobre los saca dólares, el ministro Atanasio González comentó que se dieron a conocer listas de personas. “Uno o dos nombre de los que aparecían era gente que yo conocía, pero ellos no podían ser saca dólares en cantidades importantes. Así que no sé de dónde obtuvieron esas listas. Uno de los diputados más activos en esa persecución fue Leopoldino Ortiz Santos, por cierto ministro de la Corte posteriormente. Después se supo de dónde salieron esas listas, pero era muy difícil que existieran y fueran confiables porque no había control de cambios; se conocía el monto global de la salida y entrada de divisas, pero no de quién entraba o salía con ellas”.
Como anécdota, el entonces titular de la Reserva de Estados Unidos, Paul Volcker, envió el 2 de diciembre de 1982 un mensaje de felicitación a Jesús Silva Herzog por su ratificación al frente de la SHCP. Le escribió: “¿Alguien merece felicitaciones por seguir siendo ministro de Hacienda en estos tiempos? No lo sé, pero sí sé que su voluntad de continuar en un trabajo bien comenzado es un gran estímulo para todos nosotros. El pastel de merengue de limón te espera. Saludos”.
Jesús Rangel
