Es un escándalo el informe conocido como Panama Papers. Es obvio que muchos de los mencionados, personas físicas y morales, se deslinden de los señalamientos de corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal y todos los calificativos recibidos.
La razón es muy sencilla: canalizar dinero a países considerados como "paraísos fiscales" no es un delito. Se puede y se hace por la simple razón de que el pago de impuestos es menor que el de otras naciones, y porque las investigaciones sobre lavado de dinero son más laxas.
Por eso el FMI, el Banco Mundial y la OCDE advierten que en algunas naciones la autorización de operaciones financieras puede conllevar acciones de lavado de dinero o de apoyo al terrorismo. No afirman; hablan de potencial. Como sea, el escándalo ahí está y seguirá.
El senador panista Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda, prepara todo una estrategia para "evidenciar" al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, quien ya dio respuesta sobre la aparición de su nombre en ese informe. "Niego categóricamente haber tenido relación alguna con el despacho Mossack Fonseca", dijo.
Amado Yáñez, ex director de Oceanografía, de acuerdo con sus abogados, nunca tuvo relación con Mossak Fonseca señalado en el informe, y lo que llama la atención es que su firma, que aparece en los documentos de la empresa Ceresia Services Ltd. fue escaneada y procederá legalmente contra quien resulte responsable.
Donde probablemente la mención en el Panama Paper traerá más problemas es en el caso de la distribuidora de fármacos Marzam. Genomma Lab vendió en septiembre pasado 50 por ciento más una acción de Marzam al fondo holandés Moench Coöperatief por mil 350 millones de pesos.
La operación se analizará a detalle, pues se presume la utilización de recursos de Marina Matarazzo, esposa de un directivo de Nadro, lo que podría implicar una operación que favoreció violaciones a la competencia económica en el ramo. Ya veremos.
CUARTO DE JUNTO
Iberdrola construirá la nueva central de ciclo combinado de Noroeste en Los Mochis, Sinaloa. Tendrá una potencia de 887 megavatios y requerirá una inversión de unos 400 millones de dólares; iniciará operaciones en enero de 2019. El anuncio se conoció en Madrid días antes de la asamblea anual de la empresa que, con la adjudicación reciente de la central de ciclo combinado de Escobedo, en Nuevo León, contará en 2019 con una potencia instalada de unos 8 mil megavatios y mantendrá el liderazgo como mayor productor privado de energía eléctrica de México.
