México está a punto de dar un gran salto para insertarse de lleno a la economía del conocimiento y crecer más. Solo falta publicar en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, para dar velocidad al desarrollo tecnológico e innovación en los sectores público y privado, mediante asociaciones estratégicas, alianzas y creación de consorcios.
Es un cambio radical en el país. Los científicos de universidades, instituciones de salud pública, centros de investigación gubernamentales y el sector privado podrán unir fuerzas y recursos económicos para crear y patentar inventos mexicanos sin restricciones legales, y compartir ganancias.
Se abre una gran oportunidad para frenar de tajo la fuga de cerebros en México. Los diputados y senadores ya hicieron lo suyo al escuchar a la comunidad científica del país.
Y hay que decirlo claro: los cambios legales llegaron tarde, pero ya están ahí. Se estima que Estados Unidos, en la década de los 90, basó más de 50 por ciento de su economía en el desarrollo científico y tecnológico por la Ley Bayh-Dole. Brasil aprobó la ley de innovación en 2004 para facilitar la investigación científica, mientras que Corea del Sur permite a sus investigadores participar en empresas y los incentiva con fuertes cantidades de dinero para pasar de la imitación a la innovación.
La nueva legislación ya fue aprobada por el Congreso el 24 de noviembre y ahora debe ser publicada en el DOF en 20 días hábiles. Se aprobó la transferencia de tecnología de las instituciones públicas al sector privado y abre la posibilidad de constituir empresas de base tecnológica con la participación de personal científico sin los candados de los servidores públicos.
Científicos de la UNAM, IPN, IMSS, Issste, Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto Nacional de Medicina Genómica, Instituto de Investigaciones Eléctricas o del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, por ejemplo, ya podrán patentar sus descubrimientos y comercializarlos. Captarán recursos propios.
Las instituciones de educación pública, los centros de investigación gubernamentales y las entidades de la administración pública que realicen investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación podrán promover con los sectores público y privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación.
Y hay más.
