Entrar a una tienda de conveniencia con niños pequeños es garantía de que, cuando abandonen el negocio llevarán en sus manos una o varias golosinas por las que sus padres pagaron sin saber siquiera lo que contienen.
Las opciones dulces que se ofrecen rebosan de calorías derivadas de azúcares y carbohidratos que no son de origen natural, como la alta fructosa o las llamadas grasas trans.
Y si son saladas, contienen una cantidad de nitritos, sodio y otras sales industriales usadas como conservadores, además de harinas refinadas, colorantes y saborizantes artificiales.
A muchos de estos compuestos, investigadores médicos y bioquímicos los responsabilizan de detonar o acelerar la diabetes, la hipertensión arterial, la arterioesclerosis y hasta el cáncer. El sobrepeso y la obesidad son la primera epidemia que desata esta adicción a las calorías.
Por ello no es gratuito que el representante de la Unicef en México, Christian Skoog, diga que la modificación de la NOM 051 recién aprobada por el Congreso federal “contempla las mejores experiencias internacionales y la evidencia científica más actualizada y relevante, por lo que podría incluso convertirse en un ejemplo para otros países que atraviesan este proceso de lucha contra el sobrepeso y la obesidad”.
En contraparte, hay un malestar general entre las cámaras industriales y de comercio, que advierten de una caída hasta del 25 por ciento en las ventas de alimentos industrializados cuando entre en vigor el nuevo etiquetado.
Y tienen una parte de razón cuando dicen que el pan de caja, las galletas y las tortillas industrializadas enfrentarán competencia desleal con la panadería y la tortillería de barrio, que expenden sus productos a granel y no estarán obligados a etiquetarlos.
Si eso implica pérdida de ganancias e incluso de empleos, estarán obligados a innovar en sus procesos, desde la modificación del contenido de sus productos, hasta en la mercadotecnia.
La salud financiera de las empresas de alimentos no puede estar por encima de la salud pública. ¿O sí?
