El pasado día 14, el Congreso del Estado aprobó reformar nuestra Constitución para que, a partir de 2024, el presupuesto del Poder Judicial del Estado de Jalisco (PJEJ) no pueda ser inferior al dos por ciento del presupuesto estatal, para pasar de dos mil millones 213 mil pesos, (1.4% del total) a tres mil 177 millones de pesos, con un incremento de 964 millones 167 mil pesos. Si bien los recursos siempre serán insuficientes para resolver necesidades y carencias, analizar a qué áreas se aplicarán es de la mayor importancia.
Para evitar que los incrementos presupuestales se conviertan en “cheques en blanco”, deben ligarse a indicadores de desempeño: según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2022 del INEGI, el PJEJ es el cuarto por número de asuntos ingresados al año, con 124 mil 429, pero solo resuelve 23 mil 040, con un índice de eficiencia del 18.52%, que lo coloca en el último lugar de entre las 32 entidades federativas (Nuevo León tiene un 95,86%, y la media nacional es del 56.09%). En 2020, en justicia digital Jalisco se encontraba en el lugar número 29 y en justicia abierta en el 26.
Si en eficiencia resolutiva el PJEJ está en el último sitio, en remuneraciones son el primerísimo lugar, con 228 mil 853 pesos brutos mensuales para sus 34 magistrados (contrasta el estado de Hidalgo, con 43 mil 318 pesos mensuales; y Yucatán, que con casi cien mil pesos menos resuelven el 94.53% de los asuntos ingresados, mientras en Jalisco no lo hacen ni con uno de cada cinco). No obstante que el 127 Constitucional prohíbe a cualquier funcionario ganar más que Presidente de la República (155 mil 385 pesos), y ordena sancionar penal y administrativamente su incumplimiento, la percepción de los 34 magistrados jaliscienses lo supera impunemente.
En vez de que la reforma aprobada incluyera disposiciones para ajustar sus percepciones a la Constitución y destinar parte del incremento a juicios en línea y digitalización de archivos, 794 de los 964 millones se destinarán a “proyectos específicos de infraestructura”; y otra fracción podría destinarse a sueldos, para ajustarlos al índice inflacionario, según dijo el Presidente del Consejo de la Judicatura y del STJEJ.
Por ello, el aumento otorgado al PJEJ no puede dejar de ser interpretado sino como premio a su ineficiencia, así como estímulo a la corrupción y nepotismo que les caracteriza.
