La designación directa hecha por el Presidente de la República de Lenia Batres Guadarrama como Ministra de la SCJN, se ha interpretado como un acto de autoritarismo, pese a ser una facultad que todos los Ejecutivos han tenido desde 1928. Recurrir a ella por primera vez fue para evitar que no pudiera ocuparse la vacante existente. Se ha dicho también que el actual Presidente es el que más Ministros ha designado (cinco), cuando Calderón también nombró cinco, Zedillo 11; Echeverría 15 y De la Madrid 19 de 21. El número de designaciones no depende de la voluntad de un Ejecutivo, sino de los calendarios de renovación escalonada que existen en cada caso. Si el mecanismo existente no es del agrado de quienes lo critican, lo que deberían hacer es proponer uno diferente al existente, y al que propone el Presidente, y no solo cuestionarlos.
Se ha resaltado la militancia partidista de la designada (no obstante cumplir con todos los requisitos constitucionales), y haber sido diputada federal hace 23 años. Sin embargo, olvidan el caso de Irma Cué Sarquís que de secretaria general del CEN del PRI (1984-1987) pasa a Ministra de la Corte en 1988; o el de José Trinidad Lanz Cárdenas, que de diputado federal en 1988-1991, al siguiente año accede a la SCJN. En estos casos había senadores del PRD y del PAN, y no criticaron esos nombramientos como lo hacen ahora.
La reforma de 1994 estableció la prohibición de que tan solo un año antes a su designación no podían haber sido secretario de estado, procurador o fiscal general de la República, Diputado, senador o gobernador de un Estado. Estableció ternas, de las que uno sería designado por mayoría calificada en el Senado. Con todo y eso, Sergio Salvador Aguirre Anguiano fue nombrado en 1995, pese a que de 1985 a 1988 fue regidor de Guadalajara por el PAN y candidato a diputado federal por ese partido en tres ocasiones anteriores; Fernando Franco González Salas, designado en 2006, habiendo sido subsecretario de gobernación y del Trabajo y Previsión Social; y, Eduardo Medina Mora arriba al cargo en 2015, después de ser director del CISEN con Fox; titular de la PGR con Calderón; y Embajador en el Reino Unido y Estados Unidos con Peña Nieto.
El sistema de designación en vigor, con casi 30 años de antigüedad, es obsoleto y no han impedido el arribo de políticos al máximo Tribunal.
