Finalmente diez gobernadores salieron de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que, –como su nombre lo indica– es una simple “conferencia”, o foro, y no una organización o asociación jurídica y formal, como muchos lo suponen al interpretar que las dos primeras letras del acrónimo significan Confederación. Nada más falso: hasta en tanto no se modifique la Constitución la Conago será una ficción política, más no jurídica.
En sus orígenes (2001), fue un mecanismo de interlocución iniciado por los 18 gobernadores priistas que coexistían con un Presidente panista (Vicente Fox), cuyo partido era la segunda fuerza en el Congreso de la Unión. Hoy, el Presidente y su partido gozan de una cómoda mayoría absoluta en ambas Cámaras; y, si bien solo siete de los 32 ejecutivos locales le son leales, diez de los 11 del PRI, hacen coro con ellos en las loas que le lanzan. Naturalmente, en esas condiciones, no tiene ningún sentido mantener la Conago y se pierde su razón de ser; menos aun cuando el año que entra se prevé que el partido del presidente suma al menos otras diez gubernaturas a su causa.
No puede afirmarse que la fortaleza o debilidad del federalismo mexicano dependa de la existencia o no de la Conago. Su inefectividad deriva de la fracción I del 117 Constitucional, que prohíbe a los estados “celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado”, que a su vez reproduce lo que desde el Acta Constitutiva de Federación se localizaba en su Artículo 29.
Por eso, en la sesión del 21 de enero del Congreso Constituyente de 1857, el diputado Ignacio Ramírez se preguntaba: “¿Pueden los estados celebrar pactos o alianzas entre sí, para objetos políticos en contra de los preceptos de la Constitución? Es claro que no, porque esos pactos debilitarían el círculo federal. Pero, ¿pueden unirse para objetos de utilidad, para su propia defensa, sin contrariar la Constitución? Es evidente que sí”.
Por tanto, para que la salida de los diez gobernadores no se interprete como una afectación al federalismo, lo procedente sería que elevaran -por conducto de las legislaturas de sus estados- una iniciativa de reforma Constitucional para permitir las asociaciones interestatales, sin transgredir la Constitución ni el Pacto Federal, como planteara hace ya 163 años el diputado Ignacio Ramírez.
