La salud es un derecho universal y en México se debe garantizar su acceso a los transmigrantes que están en tránsito, sin solicitarles ningún documento como la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determinó que el Estado no puede exigir a los migrantes documentados para garantizarles el derecho a la salud, de lo contrario, incurre en una práctica discriminatoria.
De acuerdo con el resolutivo de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, las legislaciones, normas y disposiciones que exigen identificación son discriminatorias porque excluyen de manera implícita a las personas extranjeras que no tienen residencia en el país.
“El Estado no puede exigir la presentación de la CURP para reconocer o prestar un servicio derivado de un derecho, como el de la salud, porque se interfiere en el ejercicio de los derechos humanos y, además, porque es un documento cuya naturaleza atiende a aspectos de política pública en materia poblacional”, establece la conclusión del máximo tribunal del país. Las autoridades no pueden solicitar a nadie que presenten la CURP, para otorgarles los servicios médicos. Cuando se condiciona los servicios de salud, se interfieren en garantizar los derechos humanos.
Con la determinación anterior, la SCJN concedió un amparo a un transmigrante que carece de documentos y que interpuso un recurso en contra de la Ley General de Salud, vigente hasta el 29 de noviembre de 2019, en torno a los requisitos para tener acceso al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí.
Sin duda que el resolutivo es importante porque se siguen los principios de la Constitución Mexicana. Los ministros coincidieron al resaltar que todas las personas que se encuentren en territorio nacional que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud.
El problema es que en medio de la pandemia, los servicios de salud están enfrentando complicaciones y no se están dando abasto para responder a las necesidades de la población.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un llamado para que se revisen las instalaciones de salud y se mejore la atención para toda la población sin importar condición social, sexo, raza o estatus migratorio.
La tarea no es sencilla porque uno de los factores para que la pobreza haya aumentado de 58 a 62 por ciento de la población está directamente relacionado con que para la población, en general, disminuyó la posibilidad de contar con servicios de salud.
Jaime Zambrano
