La muerte de 40 migrantes provenientes de diferentes nacionalidades tras el incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, requiere traducirse en el fin, es decir, en la tumba del Instituto Nacional de Migración (INM).
La extinción del INM no soluciona en nada la tragedia, pero sería el primer paso para que el gobierno de México implemente un cambio de estrategia de sus políticas ante la trasmigración de personas que pasan en busca mejorar sus condiciones de vida.
El sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de las llamadas personas indocumentadas, ya había advertido, al inicio de la presente gestión: un mando con origen militar en un órgano ciudadano era un error. Sin duda, cada operativo, cada detención, cada problema y cada tragedia, incluida la del incendio del pasado 27 de marzo, le dan la razón.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) reveló el 3 de abril el aumentó a 40 del número de migrantes que fallecieron a causa del incendio en el centro de detención del INM. En el lugar, fallecieron 37 migrantes y, posteriormente, tres más, tras complicaciones en su salud.
Por ahora, las dudas en torno a la tragedia son más amplias que las certezas como el hecho de que el INM había contratado a corporaciones privadas para mantener la seguridad. Existe la posibilidad de que se haya contratado a las firmas privadas ante la falta de elementos para el servicio federal, programa que el gobierno federal implementó con el objetivo de hacerse cargo de instalaciones federales.
Ante la crisis generada por las políticas migratorias, es urgente una reforma constitucional, como la que plantea el sacerdote Alejandro Solalinde, para crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que sustituirá al INM.
La meta debe estar enfocada en la creación de un cuerpo colegiado que trabaje bajo el principio del respeto a los derechos humanos, a través de una política humanista, con la participación de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Bienestar, Salud, y Educación Pública, así como Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional, explicó el fundador y director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino.
Ante este plan, sin duda que la clave se encuentra en una nueva política migratoria con la operación de un consejo que vigile el respeto a los derechos humanos de los migrantes que pasan por territorio nacional.
