Ante los tres fenómenos migratorios que se presentan en Puebla, salida, retorno y tránsito de personas que buscan mejorar sus condiciones de vida, el reto de todos los sectores de la sociedad es garantizar un futuro igualitario, en particular, de las mujeres.
En el estado de Puebla y, en general, todo el país, se presenta un endurecimiento de las políticas migratorias, situación que afecta a la vida de las personas y las coloca en un panorama de un mayor riesgo relacionado con violaciones a sus derechos humanos.
Las mujeres son las que sufran mayores agresiones, tanto las que salen de sus lugares de origen como las que fueron deportadas, así como las que están en tránsito hacia la frontera norte de México.
Las mujeres migrantes revelan historias de violencia, entre ellas, sexual y de género a manos de sus parejas, de personas conocidas y hasta de desconocidos que encuentran en su recorrido en busca de cumplir el llamado sueño americano.
Los traficantes de personas, otros migrantes, guardacostas, policías, militares e integrantes de la sociedad civil tratan a las mujeres como si no tuvieran valor, como si su vida no valiera nada y con desprecio.
De acuerdo con investigaciones realizadas por investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), las mujeres migrantes viven episodios de violencia procesuales cambiantes porque cambia el victimario y el contexto, pero no la víctima.
En la actualidad, se presenta una ausencia de una perspectiva de género en la intervención humanitaria que se busca implementar por parte de las autoridades de gobierno y de los diferentes sectores de la sociedad.
Con las agresiones contra las mujeres por parte de miembros del crimen, de las autoridades, policías y de la sociedad civil, se requiere romper con la invisibilidad y con el ciclo de violación de los derechos humanos.
En conclusión, el problema actual se agudiza porque la violencia sexual y de género se funde con la violencia criminal, coctel de complicaciones que requieren intervención y acciones por parte de todos los sectores de la sociedad para iniciar un ciclo virtuoso de respeto a los derechos.
