¿Por qué desalojaron a más de 380 migrantes del campamento que tenían en la garita de El Chaparral, en Tijuana, Baja California? ¿Quién está detrás de las acciones contra los migrantes? ¿Por qué no se evitó el problema? Son parte de las preguntas que surgen tras las acciones implementadas el fin de semana.
La madrugada del domingo 6 de febrero, en Tijuana, Baja California, fueron desalojadas las familias que pernoctaban en el campamento ubicado a unos metros de la frontera norte de México.
La medida es reprobable porque se están afectando a decenas de personas que solo estaban esperando una oportunidad para cruzar la frontera y buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos.
La mayoría de las familias fueron enviadas a distintos albergues de la ciudad, pero no pudieron llevar sus pertenencias. Ropa, estufas, asadores, colchones, casas de campaña y alimentos, entre otros bienes, quedaron regados tras el operativo en el que participaron elementos de la Policía municipal de Tijuana, Guardia Nacional, la Guardia Estatal y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Montserrat Caballero, presidenta municipal de Tijuana, quien enfrenta diferentes críticas por diferentes sectores de la sociedad de la ciudad fronteriza ante las medidas que implementa sin la planeación correspondiente, aseguró que nadie podrá quedarse en la calle ni en el campamento que estaba en la garita de El Chaparral.
Aseguró que las familias que así lo desean serán enviadas a los albergues o apoyadas para ser llevadas a sus lugares de origen; sin embargo, en ningún momento habló sobre algún diálogo o trabajos para convencer a los migrantes.
La alcaldesa expresó que era necesario mover el campamento ante la niñez; además, aseguró que era necesario deshabilitar la presencia de migrantes por salud mental y pública. En el albergue fueron identificados núcleos familiares, es decir, familias completas y hombres que esperaban solos el momento adecuado para seguir con su objetivo de llegar hasta Estados Unidos.
El gobierno de Baja California aseguró que los migrantes desalojados fueron enviados al Centro Estatal del Migrante y al Proyecto Salesiano, entre otros albergues, con apoyo del gobierno federal.
Ahora, los tres niveles de gobierno aseguran que se va a mantener vigilancia en la zona de la garita para evitar que vuelva a formarse otro campamento. El problema es que no se está atendiendo de raíz el problema ni se están generando alternativas para apoyar a los migrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida. En pocas palabras, solo se intenta ocultar el fenómeno migratorio.
