El 21 de agosto la justicia de Puebla tiene una nueva oportunidad para saldar la deuda que tiene con Miriam Vázquez: Ramón Caro Bones abusó sexualmente y embarazó a Andrea Mirely Juárez Vázquez, su hijastra e hija de Miriam, su pareja; y a Paola, también hija de Miriam, le pidió que se pusiera un vestido y le tocó las piernas.
Andrea y Paola eran menores de edad cuando fueron víctimas de Ramón, pero ni eso ni que secuestrara a dos de sus cuatro hijas llevándolas de Puebla a Tijuana ha bastado para que sea encontrado culpable. Tampoco, que haya amenazado de muerte a Miriam y a Paola.
Miriam tiene más de dos años buscando justicia y protección para ella y sus hijas. Sin embargo, se ha encontrado con un muro aparentemente infranqueable: Ramón tiene un medio hermano, Celestino Martínez Bones, juez en Puebla, al que muchos políticos le deben favores.
El primer paso que se dio para proteger a Ramón Caro Bones, un agresor sexual, fue que se reclasificara el delito y que sólo se le imputara estupro, lo que le permitía llevar el proceso en libertad siempre que acudiera a firmar de forma periódica.
La persistencia de Miriam obligó a que se le detuviera de nuevo, pero no hay avance en el caso: la estrategia de la defensa de Ramón pasa por ampararse por todo con un fin dilatorio para que sea juzgado por un delito, sin perspectiva de género, por el que alcanzaría una pena máxima de 10 años.
Y también por mantener un acoso constante en contra de Miriam y los ministerios públicos que toman el caso y luego, amenazados desde las entrañas del Poder Judicial, lo abandonan sin que importe que Miriam y sus cuatro hijas Andrea, Ximena, Paola, Gianna, y su nieta Sherlyn, queden a la deriva.
Que Ramón Caro Bones sea protegido por las autoridades de Huauchinango, el municipio donde vivió con Miriam, y del estado de Puebla, no es nuevo: “Más de diez veces los policías me llevaron golpeada a presentar denuncia contra él, y esas diez veces no me quisieron tomar la denuncia (…) siempre lo protegieron”, me dijo Miriam.
La justicia, lejos de protegerla a ella y de que ponga por encima de todo el interés superior de la niñez para proteger a las menores de edad ha jugado en su contra una y otra vez presumiblemente por el tráfico de influencias que ejerce Celestino Martínez Bones al que ya se prestó Lucio León Mata, entonces juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, quien terminó cesado.
Celestino no es un juez cualquiera: ha sido cercano a Ardelio Vargas Fosado, un cacique de la Sierra Norte de Puebla; ha participado en casos controvertidos como la liberación inmediata de un reo que enfrentaba dos procesos penales, uno por cohecho y otro por feminicidio… lo dejó libre por el delito de cohecho porque, dijeron las versiones oficiales, él no sabía que también era requerido por feminicidio.
La hipótesis de que trafica con influencias para defender a su medio hermano se refuerza cuando revisando plataformas de datos abiertos es posible saber que Celestino fue enviado de Zacatlán a Ciudad Serdán en septiembre de 2022 como una especie de castigo por el caso de Ramón, pero ya está de nuevo en la ciudad de Puebla como juez en el Juzgado de Oralidad de la Región Judicial Centro con sede en la capital del estado.
A revisión queda el proceder de Gloria Báez León, Hilda Marina Bonilla Canastillo y Hugo Israel Pineda Cerón, agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra Las Mujeres, quienes no levantaron las denuncias oportunamente. ¿Habrá sido presionadas y presionados por el juez Celestino?
Al Margen
No hay que perder de vista la gravedad de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya sancionado a la Inmobiliaria Universal Deja Vu SA de CV, instalada en Puebla, por lavar dinero para Juan Carlos Bañuelos Ramírez, un integrante del CJNG que ha enviado metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos. La inmobiliaria tiene como accionistas a Juan Carlos Bañuelos Ramírez, originario de Jalisco, y Martín Manuel Chávez Agapito, administrador único, y sí, fue abierta en Puebla.
