Una denuncia que debió sacudir a las instituciones mexicanas casi pasa desapercibida: el jueves 5 de junio ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro presentaron ante la FGR una acusación contra la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La señalan por asociación delictuosa, robo de energía eléctrica y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sí, suena a delincuencia organizada con epicentro en la Sierra Norte de Puebla… ¿Y todo para qué?, para mantener una granja de criptomonedas. Así de grave.
Los denunciantes aportaron pruebas que apuntan a la operación clandestina de granjas de criptomonedas alimentadas con energía robada en instalaciones públicas que el gobierno federal cedió al SME. Los señalados son Martín Esparza Flores, que controla el sindicato desde hace dos décadas, Humberto Montes de Oca, Román Olvera y Miguel Márquez Ríos, diputado local por el PVEM y cercano a Alfredo Ramírez Hernández, alcalde de Ahuazotepec, donde también operó una granja de criptomonedas con huachicoleo eléctrico.
Aunque el SME se ha hecho de 48 inmuebles desde 2015, solo 28 son reconocidos oficialmente. Los restantes forman parte de arreglos para manejarlos de forma discrecional: en el Estado de México hay 15 de esos predios; en Puebla, 11; en Hidalgo, 6; en Morelos, 3; en la Ciudad de México, 2, y en Guerrero, 1.
Uno de los casos más críticos es el del predio ubicado en el camino a la subestación El Salto, en Nuevo Necaxa. Ahí, aseguran los denunciantes, se realiza el huachicoleo eléctrico para alimentar granjas de criptomonedas. Un dato: en junio de 2019, el gobierno federal donó al SME más de 24 mil metros cuadrados de la Presa Necaxa, en un punto estratégicamente ubicado entre los municipios de Juan Galindo y Huauchinango, en el Campamento Km 153.
Pero no es el único bajo sospecha. También hay instalaciones en El Oro y San Simonito, en el Estado de México; en Juandho, Hidalgo; y en Villa Coapa, Ciudad de México. En todas ellas el denominador común es el presunto uso ilícito de energía eléctrica.
Inquieta lo ocurrido durante un operativo de la CFE en Nuevo Necaxa, con apoyo de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército. Se detectaron tomas ilegales. ¿Y luego? Solo las cortaron. No hubo aseguramiento de pruebas, ni resguardo de la escena. Como si no hubiera pasado nada.
Mario Benítez Chávez, líder del Frente Amplio de Unidad (FAU), una planilla disidente dentro del SME, calcula que para minar una sola criptomoneda se requiere de 450 mil kilowatts, equivalentes a 1.8 millones de pesos en tarifa doméstica. ¿Cuántas se han producido? Nadie lo sabe con certeza, pero sí se sabe que esto lleva más de un año.
En los pasillos sindicales, crece la idea de que Esparza Flores y Márquez Ríos no podrían ignorar lo que sucede. Afirman que el SME, otrora bastión de la dignidad obrera, es un negocio oscuro, amparado en el poder sindical… y en el silencio del Estado.
Al Margen
Nadie cree que Esparza, Montes de Oca, Olvera y Márquez Ríos conserven la candidez de un recién nacido como para ignorar que las criptomineras buscan estar cerca, muy cerca, de las hidroeléctricas.
Basta mirar al sur: en Paraguay, la región del Alto Paraná, fronteriza con Brasil y Argentina, se ha convertido en un paraíso para la cripto minería gracias a su enorme capacidad eléctrica instalada. ¿Y en México? En México también hay hidroeléctricas, como la de Necaxa.
