El 24 de junio de 2022 la Suprema Corte de Estados Unidos finalmente publicó su decisión tan esperada con respecto al caso Dobbs vs. Missisippi, relacionado con una nueva legislación en ese estado que limitaba el acceso al aborto hasta las 15 semanas de gestación, un periodo menor al establecido en el histórico precedente constitucional de Roe vs. Wade. Con una mayoría de seis contra tres, el precedente de casi 50 años, que establecía una protección constitucional al aborto vinculada al derecho a la vida privada, quedó eliminado.
Los argumentos que se utilizaron para ello se basaron en una concepción originalista –esto es, que en el contexto histórico en el que se redactó el texto constitucional, no se había contemplado el aborto como un derecho (¡por supuesto, este proceso tiene más de dos siglos y ni las mujeres ni las personas racionalizadas eran consideradas ciudadanas en ese momento!). La decisión mayoritaria actual establece que la sentencia adoptada en 1973 fue “incorrecta” y por lo tanto debe revertirse para que cada estado regule el aborto de la manera que prefiera, sin establecer siquiera mínimos de acceso o límites a su posible criminalización.
De manera casi inmediata, el país se dividió en dos. Por un lado, los estados “azules” o demócratas se pronunciaron como estados “santuario” que continuarán garantizando el acceso a servicios de aborto, incluyendo para aquellas personas que requieran viajar desde contextos más restrictivos. Por el otro, tendremos a los estados “rojos” de mayoría republicana, que conforman poco más de la mitad del país y que ya limitaron o seguramente limitarán el acceso al aborto: ese mismo día, nueve de ellos reaccionaron de forma inmediata con legislaciones “gatillo”, que solo esperaban la decisión de la Suprema Corte para establecer una serie de disposiciones dirigidas a limitar el acceso y a criminalizar a quien lo practique o acompañe. Miles de mujeres, con citas programadas para acceder a servicios de aborto, fueron enviadas a casa y muchas clínicas cerraron. El miedo sobre el grado de criminalización y estigma que pueda prevalecer a partir de esta decisión ha inundado el país, la conversación pública y las redes sociales, así como la posibilidad de que la decisión se traslade hacia otros precedentes judiciales fundamentales, como aquellos que protegen el matrimonio entre personas del mismo sexo y el acceso a anticoncepción.
Algunas de las implicaciones de la decisión se irán definiendo en el tiempo, otras ya son claras: el mapa del aborto en Estados Unidos refleja la extrema polarización que existe en el país y que por supuesto se relaciona con temas más allá del aborto. En el corto plazo esta decisión no solo afectará de manera desproporcionada a millones de mujeres y otras personas con capacidad de gestar de poblaciones históricamente discriminadas, que encontrarán mayores barreras para trasladarse a estados santuario o incluso otros países con contextos menos restrictivos, sino que podría llevar a un contexto muy preocupante de hostigamiento, intimidación y vigilancia extrema para las clínicas, las redes de acompañamiento y, por supuesto, para quienes busquen acceder a un aborto.
La historia más sencilla que se podría contar sobre lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada es que la regresión se debe a la composición conservadora de la Suprema Corte, que a su vez se relaciona con la posibilidad que tuvo el ex presidente Trump de nombrar a tres de sus integrantes. Cuando esta composición cambie, la historia podría ser distinta. Y esto no deja de tener cierta razón, pero sin duda el contexto que llevó a este resultado y los posibles caminos que abre son más complejos. Las decisiones judiciales importan –y más cuando implican eliminar de tajo un derecho reconocido constitucionalmente por casi medio siglo—, pero no cuentan toda la historia.
En los últimos años hemos visto avances notorios del movimiento por el aborto legal y seguro en América Latina: la despenalización del aborto en Argentina, la reciente decisión de la Corte Suprema colombiana en respuesta al caso promovido por el movimiento Causa Justa, la lista de entidades que se han sumado a la Ciudad de México para despenalizar el aborto en México al menos hasta las 12 semanas sumadas con las emblemáticas sentencias de la SCJN al respecto. Sabemos que estos cambios son resultado del trabajo de décadas en todos los niveles y que responden también a movimientos sociales históricos y diversos. Los avances que celebramos en el presente son resultado de una serie de acciones que se fueron sumando para generar el contexto adecuado para esa tormenta verde que nos llena de esperanza a quienes creemos que el acceso al aborto legal y seguro es un elemento fundamental para una sociedad justa, igualitaria y democrática.
De manera inversa, la determinación tomada por la SupremaCorte estadunidense responde también a un contexto más largo y progresivo, en el que los grupos conservadores han trabajado en todos los niveles para obstruir el acceso al aborto y generar un contexto propicio que resultó finalmente en la decisión judicial del viernes pasado. Si bien la existencia del precedente de Roe aún ofrecía un freno considerable a estos esfuerzos, desde hace décadas el acceso real a servicios de aborto en los estados más conservadores se iba minando: apelando a regulaciones administrativas, echando mano de estrategias de hostigamiento e incluso violencia física en contra de personal de salud, activistas y personas que buscaban acceder a servicios de aborto, el acceso al aborto en Estados Unidos ya era geográfica y socialmente desigual. Revertir Roe es el resultado último —y por supuesto muy significativo— de estos esfuerzos.
En el mejor de los escenarios, el final de la era de Roe vs. Wade representa una oportunidad para que, con una composición distinta de la Suprema Corte –algo que podría pasar de manera muy lenta dadas las reglas de asignación de la misma o bien podría suceder si aumentara el número de integrantes de la misma– eventualmente se vuelva a reconocer una protección constitucional al aborto, esta vez con otros fundamentos.
Mientras tanto, se podrá trabajar en el desarrollo de precedentes judiciales locales, que establezcan al menos ciertos mínimos de acceso en estados en los que el contexto legislativo es desfavorable y, en contextos más favorables, para establecer en la legislación disposiciones claras para el acceso. También, puede representar un contexto propicio para fortalecer las conversaciones entre los movimientos latinoamericanos, acostumbrados a trabajar en condiciones adversas, y las redes, activistas y organizaciones en Estados Unidos. Lo que sucedió es un cambio de paradigma, pero por supuesto no es el final de la historia.
Las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, en Estados Unidos y en el resto del mundo, seguirán abortando. Lo pueden hacer en mejores condiciones bajo marcos normativos que reconozcan el aborto como un servicio de salud, con políticas públicas que atiendan barreras fácticas al acceso y en sociedades en las que el aborto puede ser discutido y reconocido sin estigma ni criminalización.
El riesgo de haber descansado de manera tan importante en un precedente judicial ha quedado claro y las lecciones aprendidas son duras, pero podrían contribuir a un futuro en el que el reconocimiento al aborto legal y seguro se pueda construir de manera distinta y más duradera. Un futuro en el que se pueda reconocer que el reconocimiento del aborto legal y seguro es un tema no solo de respeto por las decisiones privadas que toman las personas sobre sus propios cuerpos, sino también y sobre todo un tema de justicia reproductiva.
Isabel Fulda Graue
*Maestra en Teoría Legal y Política por la University College London (UCL) y subdirectora de GIRE.
