Cultura

La Montaña está en Gobernación

Pasas de manera cotidiana sobre la calle Abraham González, frente a la Secretaría de Gobernación, y observas campamentos cuyos ocupantes ya tienen más de dos meses en espera de una respuesta oficial. Entre ellos hay habitantes de la Montaña y Sierra de Guerrero, desplazados por esa violencia que tiene rostro de crimen organizado. Dicen que ya estuvieron frente a Palacio Nacional, pero solo una parte recibió atención.


Durante un tiempo subsistieron en albergues municipales, pero la autoridad federal se niega a reconocerlos como víctimas. En sus comunidades dejaron casas, la mayoría ya saqueadas, y animales, como ganado vacuno, aves, siembras y otras propiedades. Quieren ayuda para alimentación y renta, porque no pueden regresar. Por eso insisten en llamar la atención con el bloqueo de esta transitada arteria que cubre una cuadra.


—¿Qué dejaron en sus pueblos?

—Prácticamente se abandona todo el patrimonio que se ha construido, generación tras generación; se deja todo, pues se prefiere salvar la vida que estar defendiendo 50 vacas… —Y salieron con poco. —Pues con lo que se pudo: ropa y documentos, y si tenían alguna moneda ahorrada… —¿Y por quienes fueron desplazados?

—Por un supuesto grupo de autodefensas de Tlacotepec, municipio colindante; ahí vemos nosotros hasta dónde llega la lucha por el control del territorio, que proporciona cinco cosas: áreas de producción de goma o de mariguana, ruta de trasiego, mano de obra, control de los recursos naturales y control sobre las empresas mineras.


Ellos se suman a estadísticas de las que forman parte otros mexicanos, en especial de Guerrero y Michoacán, que tomaron una medida más extrema: cruzar el país y acampar en la frontera norte para pedir asilo en Estados Unidos. Los que están aquí prefieren la reubicación en México.

Pero la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, de por sí disminuida, les da largas, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, también los hace dar vueltas; de la Secretaría de Gobernación, Segob, tampoco tienen respuestas. Y la espera se extiende.Lo sabe muy bien esta gente originaria de regiones a las que hace años la impunidad llegó para quedarse y por eso exigen ser reubicados, pero antes que nada solicitan la condición de víctimas.

Bajaron de regiones en las que se ha cebado una mezcla explosiva del poderío alcanzado por grupos armados, mientras que las víctimas quedan en medio, huérfanas de justicia, finalmente desplazadas.

Estas personas carecen de recursos económicos y la fuerza masiva para invadir los alrededores de esta Secretaría, como lo han hecho el Sindicato Mexicano de Electricista o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otras agrupaciones, que negocian y se van.


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Los automovilistas se molestan por este bloqueo, aunque solo sea una cuadra, pues deben esquivar esta parte neurálgica que lleva a Paseo de la Reforma, pero ellas y ellos saben que solo así pueden presionar, ya que la respuesta está en manos de la Secretaría de Gobernación.

“El siguiente paso, después de obtener la calidad de víctima y los apoyos, sería empezar a buscar la reubicación de las familias”, dice una de las personas que hacen guardia frente al llamado Palacio de Cobián, donde despacha el titular, Adán Augusto López, quien relevó a Olga Sánchez Cordero, ahora presidenta del Senado, que heredó el problema.

—¿Regresar a sus lugares de origen?

—No —responde de inmediato—, tiene que ser una reubicación, porque el gobierno federal no tiene voluntad política de generar una estrategia de pacificación en la zona.

—Pero antes era diferente.

—Sí, porque antes de Felipe Calderón, pues el país estaba como delimitado en diferentes cárteles, pero se eliminan a los jefes y se queda el control con los jefes locales. Entonces empieza una lucha entre los diferentes grupos que quedan, cada uno ampliando su poder y su territorio.


El hombre habla con voz pausada. Se le pregunta en dónde tendría que ser la reubicación de las familias.

“Tiene que ser un trabajo de inteligencia por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; tendrían que buscar, mínimo, un lugar donde el grupo que los desplazó no tenga ninguna presencia”, sugiere. “Se ha manejado, incluso, que sea fuera del estado de Guerrero”.

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En este tramo, en el que hay otras personas que protestan, aunque es menor su número, acampan alrededor de 30 personas, entre adultos y niños, en 18 casas de campaña, pero el número fluctúa, ya que son relevados por otros desplazados de los municipios General Leonardo Bravo, con cabecera en Chichihualco, de la Sierra Madre, y de Zitlala, perteneciente la Montaña Baja.

La persona entrevistada, que pide el anonimato, asegura que los desplazados por la violencia en Guerrero son entre 17 mil y 20 mil personas, incluidos los de Tierra Caliente.

“La mayoría de los desplazados se dispersó por falta de organización y cada quien le buscó por su lado”, añade quien pertenece al Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en Chilapa, una organización creada hace 24 años.

El Centro Morelos, como se le conoce, surge cuando se reactiva la militarización en esas regiones de Guerrero, paralelo al surgimiento del EZLN, pues hubo casos de personas detenidas y torturadas.

—¿Entonces se pusieron peores las cosas?

—En cierta medida sí, porque a partir de 1998 bajó mucho la incidencia de violación a los derechos humanos.

—¿Entonces ahora el acoso es de la delincuencia?

—Pues sí, porque fue a partir de que se declara la guerra contra el narcotráfico; pero nosotros empezamos a atender el problema del desplazamiento a partir del 2011, con gente del municipio de Coyuca de Catalán, que fue desplazada porque defendían los bosques.

—¿En dónde incide más el acoso de la delincuencia?

—En todo el estado de Guerrero; en algunos municipios más, principalmente donde

existen concesiones mineras, hasta Altamirano.

—¿Por qué las concesiones mineras?

—Porque los grupos de narco—paramilitares se dedican a extorsionar a las empresas mineras. Entonces, cuando la empresa cede y ve que tiene que darle a esos grupos y al mismo tiempo debe pagarle a los ejidatarios, pues finalmente toman la decisión de decir:

“Nomás le vamos a dar a uno”, y esto es para los narco—paramilitares.

—Pero no hablamos de autodefensas.—No, su nombre es diferente; su origen es legítimo, pero finalmente terminaron siendo parte de los grupos narco—paramilitares; en el mismo municipio de Heliodoro Castillo, que está pegado al de Leonardo Bravo…

—¿Estamos hablando de la Montaña Baja?

—Principalmente es donde se está viviendo más fuerte el desplazamiento, los homicidios y la desaparición de personas.

La principal demanda es que se otorguen reconocimiento de víctimas a poco más de 53 familias, de los municipios mencionados, y la exigencia es desde hace tres años, a partir de 2018, cuando fueron desplazados.

Es la misma organización que 2019 hizo un plantón frente a Palacio Nacional, del 17 de febrero al 27 de marzo, y a raíz de ahí se firmó una minuta con el subsecretario Alejandro Encinas; y fue a partir de entonces que se reconoció como víctimas a 83 miembros de familias.

Entre los desplazados han muerto cinco mujeres, algunos por enfermedades y otros por falta de atención médica.



Es hora de la merienda y las familias comienzas a cocinar en braseros sobre los que también tienen comales para las tortillas y el café.


Humberto Ríos Navarrete


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