Sin duda la frase que más incomodó en el ámbito político fue la del Presidente electo Andrés López Obrador cuando dice que recibe un país en bancarrota.
De inmediato salieron a responder tanto gobierno como iniciativa privada. La verdad es que esos mensajes no abonan y pueden entenderse de muchas maneras. La semana pasada le comentaba el cruce de señales que manda el nuevo gobierno.
El gobierno, a través de la SHCP, dijo que el país tiene finanzas sanas. No está en bancarrota, la iniciativa privada pidió al gobierno mandar señales que generen confianza y ser impulsores de políticas públicas para que las inversiones fluyan.
Hace unos meses el Presidente electo admitió que el país se encontraba en buena posición económica y sobre todo en el tema de la macroeconomía. Hoy nos dice que recibe un país en bancarrota y nos explica que en todo. La sociedad se confunde y no sabe qué pensar.
No podemos también decir que todo está de maravilla. No en la situación económica, la inflación nos tunde día a día y lo vemos en los precios. Solo hay que ir a comprar al mercado y supermercado para darse cuenta.
Los políticos de inmediato salieron a tratar de capitalizar las desafortunadas declaraciones. Para pronto, los legisladores el PRI, PAN y PRD señalaron que “AMLO justifica ya su fracaso”, y el candidato contestó que va a cumplir con todos sus compromisos. Los especialistas en finanzas y economía preguntan que con qué dinero lo hará. Ya prometió 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas caídas por los sismos. De dónde van a salir, es la pregunta.
El caso de Rosario Robles resurge. Mientras se publica en los medios sobre el reporte de la Auditoría Superior de la Federación que reporta faltantes de comprobación o justificación de gasto, el Presidente electo dice que Robles es un chivo expiatorio.
Por un lado una de las principales banderas de AMLO es el combate a la corrupción y por otro lado la Auditoría de la Federación marca anomalías durante la gestión de Robles en Sedesol y Sedatu. Y ahora ¿qué vamos hacer?
Y por la vía fast track, la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que regula los artículos 75 y 127 de la Constitución y que estipulan que todo servidor público no puede tener una remuneración por el desempeño de su función, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República. Lloverán los amparos y será una guerra.Así las Cosas, hasta pronto.
